Tal pareciera que los intentos de las autoridades por solucionar el problema de la delincuencia fueran infructuosos. No existe entidad federativa en nuestro país que nos sirva de ejemplo para seguir sus pasos en un combate eficaz para frenar la comisión de los delitos de alto impacto que laceran incluso a todos los mexicanos. ¿Será que las políticas públicas van por el camino equivocado?
Más que ello, se considera y sin temor a equivocarnos que la solución no está en los candidatos, ni la tienen los gobernantes. No es que se les excuse pero no pueden éstos estar vigilando uno a uno de los ciudadanos; eso sería imposible. Aunque –debemos decir- la responsabilidad de la seguridad sí recae en la administración en turno, pero, se insiste, el control total y absoluto escapa a la Autoridad.
El ciudadano que pretende cometer algún latrocinio, lo va a ejecutar; y de eso no le queda duda a toda la sociedad. Hechos violentos de manera sistemática los tenemos de sobra. Si acaso uno de esos lacras es oportunamente sorprendido por la autoridad policial, que bueno, se habrá frustrado un atraco, asesinato o el crimen de que se trate; más no puede haber ojos de manera simultánea que estén atentos sobre cada uno de los pobladores de la demarcación territorial a la que pertenecemos, buen deseo, qué más quisiéramos, pero esto no podrá ser de esa manera.
Luego entonces, nos preguntamos, ¿no irá a tener fin tanta violencia en nuestras ciudades?, ¿Seguiremos siendo informados de las constantes ejecuciones que día a día se comenten?
La iniciativa presentada por el Congreso de Guanajuato ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y por el cual se pretende se catalogue como delito grave y sin derecho a fianza la portación de armas de fuego se antoja bueno, puesto que con ella se busca que los delitos de portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada, fuerza aérea y guardia nacional, así como los delitos en materia de hidrocarburos sean adicionados al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva.
Son decenas, quizá cientos de vehículos con que nos encontramos a nuestro paso de un punto a otro de la ciudad, y en muchos de ellos sin duda llevan ilegalmente un arma de fuego incluso de alto poder que pasan inadvertidas por lo que ya hemos venidos comentando, no puede haber vigilancia para cada uno de los ciudadanos. Pero qué va a ocurrir cuando esa lacra de la sociedad sepa que si se le encuentra portando un arma de esa naturaleza no va a salir del “bote”. La prisión preventiva se hace ahora más imprescindible para la protección de los ciudadanos que son atemorizados dadas las actuales circunstancias en que están sumergidas nuestras ciudades. Por eso, no creamos a esos candidatos que prometen acabar con la inseguridad de tajo. Ciertamente, como también llevamos dicho, ésta sí es responsabilidad de los gobernantes en turno, pero dista mucho de que sea garantía de que a usted ciudadano o a mí no vayamos a ser víctimas de la delincuencia.
Es deseable que la pretendida reforma se consolide puesto que con ella incluso se ampliaría el alcance de las autoridades de administración e impartición de justicia del Estado y se impediría la liberación de presuntos responsables por la comisión del delito de posesión o portación de armas prohibidas o de uso exclusivo del Ejército, lo que se traducirá en mayor seguridad y tranquilidad para los guanajuatenses. Hagamos votos porque así sea. Mientras, quedamos a la espera legislativa.
