/ sábado 7 de julio de 2018

ATRAPADOS EN LOS 70´s.

Armando Trueba Uzeta.

Tarde arribó México al concurso mundial de las economías abiertas. No fue sino hasta el régimen de Salinas de Gortari que nuestra nación por fin se unió a la apertura comercial internacional. Desde entonces, el índice no ha dejado de incrementarse con respecto al PIB, al punto que hoy nos ubicamos entre la lista de las economías más abiertas del mundo. En esta transformación de la cerrazón económica hasta la apertura generalizada, las exportaciones de manufacturas se han incrementado de manera sustancial. Durante el gobierno de Peña Nieto, el 80% de las exportaciones de mercancías de México lo ubica en los primeros lugares de los países exportadores.

Todo un éxito, sin duda; sin embargo, por alguna extraña razón, parece que los productos de esa expansión no logran permear hasta el bolsillo de la población en general; el salario mínimo no ha aumentado mucho en términos absolutos y los trabajadores mexicanos, comparados con los del resto del mundo, se ubican en los peores niveles salariales. México es “comparativamente” más pobre que muchos países, pues hoy en día una amplia franja de la población vive con menos de 1.9 dólares al día.

La política de liberalización económica no se ha traducido en bienestar generalizado ni en igualdad social. Seguimos siendo un país con demasiados pobres, desigual y sin acceso a la justicia. Muchos años han transcurrido ya bajo esta realidad, sin que la población pueda apreciar por fin el cumplimiento de las promesas fallidas de los últimos regímenes presidenciales. La gente se ha fastidiado de esperar que ello suceda bajo las condiciones actuales. Si a este olvido institucional y generacional, se suman los flagelos que hoy azotan al país, inseguridad y corrupción enquistada, el caldo de cultivo para exigir el cambio de régimen político está servido.

No cabe duda que México es un país avanzado en muchos rubros, al fin hemos dado con la prueba más palpable de que hemos transitado con éxito de la autocracia a la democracia efectiva, donde el partido oficialista ha sido literalmente borrado por una avalancha de votos de castigo, mucho debido a que el régimen no ha logrado apartarse de los altos porcentajes de desigualdad, por más que se haya incrementado la riqueza, y esto ha sido un factor determinante de la voluntad popular.

Aunado a lo anterior, resulta inaceptable un país donde los actores políticos se han dedicado a hacer de sus cargos públicos un instrumento para alcanzar el beneficio privado. Paradójicamente la evolución democrática no se ha traducido en menores índices de corrupción, sino al contrario, lo que difícilmente encuentra una explicación lógica.

Los procesos de democratización y liberación económica de los últimos sexenios no necesariamente han redundado en un mejor país, sobre todo si nos comparamos con otras naciones que igualmente han atravesado por esos cambios de manera más rápida y exitosa (como los tigres asiáticos). La transición democrática ha sido lenta y paulatina; desde 1977 con la iniciativa de Reyes Heroles, hasta la última reforma constitucional de 2014, vaya que las cosas se han tomado su tiempo. Finalmente, este primero de julio de 2018 hemos llegado al cenit de nuestro caro proceso democratizador, mediante una contundente demostración de que la voluntad popular se puede imponer de manera legítima. Esta reciente elección parece la versión más acabada de nuestro intrincado sistema electoral, aunque no necesariamente tendrá que ser así. Si bien la elección del domingo pasado ha sido un severo manotazo popular sobre la mesa para exigir un cambio en el estado de cosas, no menos cierto es que ese poder popular bien puede ser objeto de manipulación. Las democracias, por naturaleza, suelen ser débiles y pueden disolverse con relativa facilidad, si esto no se cree, véase como Trump está trastocando los más elementales fundamentos de lo que se creía el sistema democrático más sólido del mundo.

En México asumimos que la alternancia se ha convertido en la faceta más evidente de nuestro sistema democrático, pero nada garantiza que necesariamente así será cada seis años como religiosamente se ha observado. Frente a la algarabía popular que ha provocado la masiva elección de López Obrador, no pueden soslayarse las verdaderas intenciones del triunfador expresadas en sus promesas de campaña. Subyacen peligrosas iniciativas como la cancelación del proyecto del aeropuerto; duplicar el gasto a fondo perdido, vía aumento de subsidios directos a la población y eliminar la reforma educativa, por citar algunos. Además, son de esperarse la aplicación de algunas medidas ociosas, pero altamente efectivistas como la venta del avión presidencial, convertir Los Pinos en una galería y quitar sus dos pesos a los expresidentes, cosas que no cambiarán la realidad nacional pero que servirán para el brillo de neocaudillo.

Por otra parte, la magnitud de la victoria de López Obrador ha transcendido a la conformación del Congreso de la Unión. Hace ya varias legislaturas que las diversas fuerzas políticas habían venido repartiéndose la participación en las cámaras de manera más o menos equilibrada. A la luz de los recientes resultados, ese equilibrio se ha roto, lo cual no es para nada una buena noticia. Con el impulso que le da la copiosa votación obtenida, será difícil que López Obrador se resista a la tentación de convertirse en el único y verdadero factótum de su bancada. Se podrá decir que todos los presidentes inmediatos anteriores también lo eran, pero ahora la diferencia radica en que el Ejecutivo también será en realidad jefe del Poder Legislativo. Un retroceso en la tácita concesión de facultades metaconstitucionales que difícilmente podrían comprender los jóvenes que le dieron todo el poder, sin reparar en la necesidad de diferenciar el voto.

Volvemos a las épocas de la hegemonía de un partido sujeto a la voluntad presidencial. López Obrador podrá disponer libremente del régimen constitucional y generar incluso su propia “constitución moral” sin el engorroso expediente de convencer al congreso. De manera contradictoria, los avances democráticos hacen retroceder al país. En el que debería ser su mejor momento, nuestra democracia desnuda sus peores debilidades decimonónicas.


Armando Trueba Uzeta.

Tarde arribó México al concurso mundial de las economías abiertas. No fue sino hasta el régimen de Salinas de Gortari que nuestra nación por fin se unió a la apertura comercial internacional. Desde entonces, el índice no ha dejado de incrementarse con respecto al PIB, al punto que hoy nos ubicamos entre la lista de las economías más abiertas del mundo. En esta transformación de la cerrazón económica hasta la apertura generalizada, las exportaciones de manufacturas se han incrementado de manera sustancial. Durante el gobierno de Peña Nieto, el 80% de las exportaciones de mercancías de México lo ubica en los primeros lugares de los países exportadores.

Todo un éxito, sin duda; sin embargo, por alguna extraña razón, parece que los productos de esa expansión no logran permear hasta el bolsillo de la población en general; el salario mínimo no ha aumentado mucho en términos absolutos y los trabajadores mexicanos, comparados con los del resto del mundo, se ubican en los peores niveles salariales. México es “comparativamente” más pobre que muchos países, pues hoy en día una amplia franja de la población vive con menos de 1.9 dólares al día.

La política de liberalización económica no se ha traducido en bienestar generalizado ni en igualdad social. Seguimos siendo un país con demasiados pobres, desigual y sin acceso a la justicia. Muchos años han transcurrido ya bajo esta realidad, sin que la población pueda apreciar por fin el cumplimiento de las promesas fallidas de los últimos regímenes presidenciales. La gente se ha fastidiado de esperar que ello suceda bajo las condiciones actuales. Si a este olvido institucional y generacional, se suman los flagelos que hoy azotan al país, inseguridad y corrupción enquistada, el caldo de cultivo para exigir el cambio de régimen político está servido.

No cabe duda que México es un país avanzado en muchos rubros, al fin hemos dado con la prueba más palpable de que hemos transitado con éxito de la autocracia a la democracia efectiva, donde el partido oficialista ha sido literalmente borrado por una avalancha de votos de castigo, mucho debido a que el régimen no ha logrado apartarse de los altos porcentajes de desigualdad, por más que se haya incrementado la riqueza, y esto ha sido un factor determinante de la voluntad popular.

Aunado a lo anterior, resulta inaceptable un país donde los actores políticos se han dedicado a hacer de sus cargos públicos un instrumento para alcanzar el beneficio privado. Paradójicamente la evolución democrática no se ha traducido en menores índices de corrupción, sino al contrario, lo que difícilmente encuentra una explicación lógica.

Los procesos de democratización y liberación económica de los últimos sexenios no necesariamente han redundado en un mejor país, sobre todo si nos comparamos con otras naciones que igualmente han atravesado por esos cambios de manera más rápida y exitosa (como los tigres asiáticos). La transición democrática ha sido lenta y paulatina; desde 1977 con la iniciativa de Reyes Heroles, hasta la última reforma constitucional de 2014, vaya que las cosas se han tomado su tiempo. Finalmente, este primero de julio de 2018 hemos llegado al cenit de nuestro caro proceso democratizador, mediante una contundente demostración de que la voluntad popular se puede imponer de manera legítima. Esta reciente elección parece la versión más acabada de nuestro intrincado sistema electoral, aunque no necesariamente tendrá que ser así. Si bien la elección del domingo pasado ha sido un severo manotazo popular sobre la mesa para exigir un cambio en el estado de cosas, no menos cierto es que ese poder popular bien puede ser objeto de manipulación. Las democracias, por naturaleza, suelen ser débiles y pueden disolverse con relativa facilidad, si esto no se cree, véase como Trump está trastocando los más elementales fundamentos de lo que se creía el sistema democrático más sólido del mundo.

En México asumimos que la alternancia se ha convertido en la faceta más evidente de nuestro sistema democrático, pero nada garantiza que necesariamente así será cada seis años como religiosamente se ha observado. Frente a la algarabía popular que ha provocado la masiva elección de López Obrador, no pueden soslayarse las verdaderas intenciones del triunfador expresadas en sus promesas de campaña. Subyacen peligrosas iniciativas como la cancelación del proyecto del aeropuerto; duplicar el gasto a fondo perdido, vía aumento de subsidios directos a la población y eliminar la reforma educativa, por citar algunos. Además, son de esperarse la aplicación de algunas medidas ociosas, pero altamente efectivistas como la venta del avión presidencial, convertir Los Pinos en una galería y quitar sus dos pesos a los expresidentes, cosas que no cambiarán la realidad nacional pero que servirán para el brillo de neocaudillo.

Por otra parte, la magnitud de la victoria de López Obrador ha transcendido a la conformación del Congreso de la Unión. Hace ya varias legislaturas que las diversas fuerzas políticas habían venido repartiéndose la participación en las cámaras de manera más o menos equilibrada. A la luz de los recientes resultados, ese equilibrio se ha roto, lo cual no es para nada una buena noticia. Con el impulso que le da la copiosa votación obtenida, será difícil que López Obrador se resista a la tentación de convertirse en el único y verdadero factótum de su bancada. Se podrá decir que todos los presidentes inmediatos anteriores también lo eran, pero ahora la diferencia radica en que el Ejecutivo también será en realidad jefe del Poder Legislativo. Un retroceso en la tácita concesión de facultades metaconstitucionales que difícilmente podrían comprender los jóvenes que le dieron todo el poder, sin reparar en la necesidad de diferenciar el voto.

Volvemos a las épocas de la hegemonía de un partido sujeto a la voluntad presidencial. López Obrador podrá disponer libremente del régimen constitucional y generar incluso su propia “constitución moral” sin el engorroso expediente de convencer al congreso. De manera contradictoria, los avances democráticos hacen retroceder al país. En el que debería ser su mejor momento, nuestra democracia desnuda sus peores debilidades decimonónicas.