/ domingo 17 de octubre de 2021

Dignidad y decencia

11 de agosto de 2016, Aida Hadžialić comete el que considerará luego ante los medios la peor decisión de su vida. Tras un concierto en la ciudad de Malmö, Suecia, maneja hacia su casa cuando es detenida por la policía y sometida al alcoholímetro. Había bebido un par de copas de vino horas antes; su nivel se sitúa en 0.2 gramos de alcohol por litro de sangre, justo el límite permitido ese país. Muy estricto, pues, por si no lo sabía, el límite en México es de 0.4 gramos, 0.5 en la mayoría de países europeos, 0.8 gramos para los Estados Unidos. Tras pagar una multa de 40.000 coronas, unos 4.670 dólares, la entonces ministra de Educación del país escandinavo presentaría su renuncia inmediata e irrevocable a su cargo dos días más tarde. Dignidad y decencia.

Esta semana, se filtró la noticia de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de México, Javier Laynez Potisek, fue detenido por la policía en la ciudad de Torreón el sábado, 9 de octubre, bajo un supuesto cargo de manejar en estado de ebriedad. El misterio en que se ha mantenido su detención y un penoso comunicado del mismo ministro publicado en el twitter de la Suprema Corte, son una muestra de que la corrupción en México no sólo es capaz de tocar a una de las cabezas del poder judicial, sino que no hay voluntad alguna por investigar y sancionar a los culpables de irregularidades. Pero vamos por partes:

Los hechos, expuestos por diferentes medios explican que el ministro Laynez fue detenido a las dos de la mañana y puesto a disposición de la autoridad a las 6:43am. Su vehículo, un Stratus modelo 2006, fue regresado a su dueño a la 1:45pm del mismo día. El comunicado del ministro niega que estuviera ebrio, y su dicho se toma por bueno al no existir por parte de la autoridad que corresponde alguna prueba fehaciente en su contra.

En el mismo comunicado, el ministro comenta que la policía reportó después que lo habían detenido por “una infracción de tránsito denominada: <<cambio intempestivo de carril>>”. El atropello al que fue expuesto duró más de cuatro horas horas en poder de la policía, durante las cuales: “A pesar de mi respetuosa y reiterada petición a lo largo de todo este evento nunca pude ver ni hablar con un médico, con una autoridad, con un juez, con un ministerio público ni mucho menos con un representante de derechos humanos”. Y a pesar del tiempo transcurrido, el ministro no proporciona más datos, como el número de la patrulla, o los nombres de los policías y funcionarios involucrados. Todo parece un mal trago que todos debemos estar dispuestos a olvidar y perdonar, pues el ministro decidió “no presentar ninguna denuncia”.

Si esto no es escandaloso y contrastante con el caso mencionado al inicio de este artículo, la siguiente declaración del mismo comunicado debería serlo: “Al día siguiente, siguiendo las instrucciones que les dieron, mis familiares realizaron el pago de $6.500 pesos (<<únicamente en efectivo>>). Y a pesar de la solicitud expresa, les negaron cualquier recibo o comprobante.” ¿Así se pagan las multas en Torreón? Esto suena más al rescate de un secuestro express o al pago de un soborno, ¿A quién le entregaron el dinero? ¿Cómo pueden justificar que no haya un documento probatorio de la multa? ¿Por qué, si se declaran en un comunicado de prensa por parte de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se adelanta ninguna investigación de los hechos? ¿Por qué un hombre encargado de las decisiones judiciales más importantes del país se niega a presentar denuncia alguna? ¿En qué consiste entonces el combate a la corrupción? ¿No debe partir de las máximas autoridades? ¿Así pretenden dar el carpetazo?

Con esta forma de actuar de una instancia tan elevada no nos sorprende para nada que México siga retrocediendo en el ranking del Estado de Derecho que evalúa desde hace años el World Justice Project. Si en el 2017 nos hallábamos en el puesto 92 entre más de 120 países, este año nos encontramos en el 113 de 139. ¿Cómo podemos mejorar si el combate ante la corrupción y el gobierno de la ley debe impulsarse y verse como una necesidad apremiante desde la más alta instancia como la Suprema Corte? ¿Es mucho pedir algo de dignidad y decencia?

Comentarios a mi correo electrónico: panquevadas@gmail.com

11 de agosto de 2016, Aida Hadžialić comete el que considerará luego ante los medios la peor decisión de su vida. Tras un concierto en la ciudad de Malmö, Suecia, maneja hacia su casa cuando es detenida por la policía y sometida al alcoholímetro. Había bebido un par de copas de vino horas antes; su nivel se sitúa en 0.2 gramos de alcohol por litro de sangre, justo el límite permitido ese país. Muy estricto, pues, por si no lo sabía, el límite en México es de 0.4 gramos, 0.5 en la mayoría de países europeos, 0.8 gramos para los Estados Unidos. Tras pagar una multa de 40.000 coronas, unos 4.670 dólares, la entonces ministra de Educación del país escandinavo presentaría su renuncia inmediata e irrevocable a su cargo dos días más tarde. Dignidad y decencia.

Esta semana, se filtró la noticia de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de México, Javier Laynez Potisek, fue detenido por la policía en la ciudad de Torreón el sábado, 9 de octubre, bajo un supuesto cargo de manejar en estado de ebriedad. El misterio en que se ha mantenido su detención y un penoso comunicado del mismo ministro publicado en el twitter de la Suprema Corte, son una muestra de que la corrupción en México no sólo es capaz de tocar a una de las cabezas del poder judicial, sino que no hay voluntad alguna por investigar y sancionar a los culpables de irregularidades. Pero vamos por partes:

Los hechos, expuestos por diferentes medios explican que el ministro Laynez fue detenido a las dos de la mañana y puesto a disposición de la autoridad a las 6:43am. Su vehículo, un Stratus modelo 2006, fue regresado a su dueño a la 1:45pm del mismo día. El comunicado del ministro niega que estuviera ebrio, y su dicho se toma por bueno al no existir por parte de la autoridad que corresponde alguna prueba fehaciente en su contra.

En el mismo comunicado, el ministro comenta que la policía reportó después que lo habían detenido por “una infracción de tránsito denominada: <<cambio intempestivo de carril>>”. El atropello al que fue expuesto duró más de cuatro horas horas en poder de la policía, durante las cuales: “A pesar de mi respetuosa y reiterada petición a lo largo de todo este evento nunca pude ver ni hablar con un médico, con una autoridad, con un juez, con un ministerio público ni mucho menos con un representante de derechos humanos”. Y a pesar del tiempo transcurrido, el ministro no proporciona más datos, como el número de la patrulla, o los nombres de los policías y funcionarios involucrados. Todo parece un mal trago que todos debemos estar dispuestos a olvidar y perdonar, pues el ministro decidió “no presentar ninguna denuncia”.

Si esto no es escandaloso y contrastante con el caso mencionado al inicio de este artículo, la siguiente declaración del mismo comunicado debería serlo: “Al día siguiente, siguiendo las instrucciones que les dieron, mis familiares realizaron el pago de $6.500 pesos (<<únicamente en efectivo>>). Y a pesar de la solicitud expresa, les negaron cualquier recibo o comprobante.” ¿Así se pagan las multas en Torreón? Esto suena más al rescate de un secuestro express o al pago de un soborno, ¿A quién le entregaron el dinero? ¿Cómo pueden justificar que no haya un documento probatorio de la multa? ¿Por qué, si se declaran en un comunicado de prensa por parte de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se adelanta ninguna investigación de los hechos? ¿Por qué un hombre encargado de las decisiones judiciales más importantes del país se niega a presentar denuncia alguna? ¿En qué consiste entonces el combate a la corrupción? ¿No debe partir de las máximas autoridades? ¿Así pretenden dar el carpetazo?

Con esta forma de actuar de una instancia tan elevada no nos sorprende para nada que México siga retrocediendo en el ranking del Estado de Derecho que evalúa desde hace años el World Justice Project. Si en el 2017 nos hallábamos en el puesto 92 entre más de 120 países, este año nos encontramos en el 113 de 139. ¿Cómo podemos mejorar si el combate ante la corrupción y el gobierno de la ley debe impulsarse y verse como una necesidad apremiante desde la más alta instancia como la Suprema Corte? ¿Es mucho pedir algo de dignidad y decencia?

Comentarios a mi correo electrónico: panquevadas@gmail.com

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