Jaime Panqueva

  / sábado 27 de junio de 2020

El terror

Regreso a mi artículo publicado a finales de febrero de este año, cuando se liberó tras tres meses de cárcel, a 17 personas vinculadas a la asonada de Cuerámaro. Una protesta justa que se salió de cauce y terminó con desmanes y daños a propiedad pública y privada. Entonces, me quejé de la redacción del artículo 245 del código penal, bajo el cual casi cualquier protesta violenta puede interpretarse como terrorismo.

Regreso al mismo texto con el mismo subrayado que puse entonces:

“A quien por cualquier medio realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un sector de ella, para perturbar la paz pública, menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación, se le impondrá prisión de tres a quince años y de treinta a ciento cincuenta días multa.”

Regreso a los hechos acaecidos el fin de semana pasado en Celaya y constato que los 26 detenidos presuntamente por participar en los bloqueos y entorpecer la actividad de la autoridad fueron liberados a menos de 48 horas de su detención. No es novedad que el terror que vive Celaya no reciba la misma atención que los posibles sobresaltos en municipios menos populosos. Su presidente municipal, Elvira Paniagua, es inconmovible. Tampoco que tras los bloqueos e incendios no se haya detenido a nadie más, ni que hubieran permanecido tras las rejas.

El viernes, 26 de junio, tras pocas horas del atentado al Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, su homólogo guanajuatense comparecía ante el Congreso del Estado en una pantomima virtual donde pidió que no se le achacara sólo a él y al Fiscal General la responsabilidad de la indefensión que vivimos ante el crimen organizado. Pidió ayuda de la Federación, a pesar de disponer de leyes de manga ancha, como la que mencioné al inicio, que permitiría detener a cualquier delincuente y ponerlo tras las rejas sin siquiera acusarlo de delitos federales. Entonces, ¿Por qué no las aplican? ¿Por qué en Cuerámaro sí y en Celaya no? ¿Por qué, si los hechos lo niegan, insisten en convencernos que tienen todas las herramientas y están haciendo la tarea?

Regreso a este mismo viernes, 26 de junio; tras el atentado contra Omar García Harfuch, la Jefe de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio personalmente la noticia y motivó la inmediata reacción de la fuerza pública. Los noticieros vespertinos de ese día contaban con imágenes de las cámaras de seguridad de la CDMX para mostrar cómo se detectaron y detuvieron 12 de los presuntos sicarios y al autor intelectual José Armando “N” alias “El Vaca”, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación. Creo que no lo habrían logrado si se hubieran quedado esperando ayuda de la Federación, modus operandi ya tradicional en Guanajuato. ¿Es en realidad un problema de las leyes y de la tipología de los delitos?

Celaya ardió en llamas el fin de semana pasado. ¿Alguien lo recuerda? ¿Dónde están los detenidos? ¿Para esto se pagó el proyecto Escudo? ¿Por qué nadie del aparato legislativo del estado le preguntó al respecto al Secretario de Seguridad? ¿No es suficiente el terror actual para que nuestro gobernador haga su trabajo en vez de conspirar contra el gobierno federal, cuya ayuda les parece imprescindible?


Comentarios a mi correo electrónico: panquevadas@gmail.com

Regreso a mi artículo publicado a finales de febrero de este año, cuando se liberó tras tres meses de cárcel, a 17 personas vinculadas a la asonada de Cuerámaro. Una protesta justa que se salió de cauce y terminó con desmanes y daños a propiedad pública y privada. Entonces, me quejé de la redacción del artículo 245 del código penal, bajo el cual casi cualquier protesta violenta puede interpretarse como terrorismo.

Regreso al mismo texto con el mismo subrayado que puse entonces:

“A quien por cualquier medio realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un sector de ella, para perturbar la paz pública, menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación, se le impondrá prisión de tres a quince años y de treinta a ciento cincuenta días multa.”

Regreso a los hechos acaecidos el fin de semana pasado en Celaya y constato que los 26 detenidos presuntamente por participar en los bloqueos y entorpecer la actividad de la autoridad fueron liberados a menos de 48 horas de su detención. No es novedad que el terror que vive Celaya no reciba la misma atención que los posibles sobresaltos en municipios menos populosos. Su presidente municipal, Elvira Paniagua, es inconmovible. Tampoco que tras los bloqueos e incendios no se haya detenido a nadie más, ni que hubieran permanecido tras las rejas.

El viernes, 26 de junio, tras pocas horas del atentado al Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, su homólogo guanajuatense comparecía ante el Congreso del Estado en una pantomima virtual donde pidió que no se le achacara sólo a él y al Fiscal General la responsabilidad de la indefensión que vivimos ante el crimen organizado. Pidió ayuda de la Federación, a pesar de disponer de leyes de manga ancha, como la que mencioné al inicio, que permitiría detener a cualquier delincuente y ponerlo tras las rejas sin siquiera acusarlo de delitos federales. Entonces, ¿Por qué no las aplican? ¿Por qué en Cuerámaro sí y en Celaya no? ¿Por qué, si los hechos lo niegan, insisten en convencernos que tienen todas las herramientas y están haciendo la tarea?

Regreso a este mismo viernes, 26 de junio; tras el atentado contra Omar García Harfuch, la Jefe de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio personalmente la noticia y motivó la inmediata reacción de la fuerza pública. Los noticieros vespertinos de ese día contaban con imágenes de las cámaras de seguridad de la CDMX para mostrar cómo se detectaron y detuvieron 12 de los presuntos sicarios y al autor intelectual José Armando “N” alias “El Vaca”, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación. Creo que no lo habrían logrado si se hubieran quedado esperando ayuda de la Federación, modus operandi ya tradicional en Guanajuato. ¿Es en realidad un problema de las leyes y de la tipología de los delitos?

Celaya ardió en llamas el fin de semana pasado. ¿Alguien lo recuerda? ¿Dónde están los detenidos? ¿Para esto se pagó el proyecto Escudo? ¿Por qué nadie del aparato legislativo del estado le preguntó al respecto al Secretario de Seguridad? ¿No es suficiente el terror actual para que nuestro gobernador haga su trabajo en vez de conspirar contra el gobierno federal, cuya ayuda les parece imprescindible?


Comentarios a mi correo electrónico: panquevadas@gmail.com

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