De nuevo la violencia, de nuevo los comandos armados, la ráfaga, los cuerpos que se desangran sobre las banquetas. De nuevo el reclamo de los familiares de las víctimas ante el silencio de nuestras autoridades que frente acciones tan bestiales y absurdas como la vivida el pasado 6 de junio carecen de disposición alguna para movilizar a la sociedad en contra del crimen.
Pamela Rubí Banda Rangel, Estefanía Rodríguez Enríquez, Guadalupe Ramírez Gutiérrez, Eleuterio Enríquez Navarro y José Guadalupe Banda Ramírez eran estudiantes del telebachillerato General Mariano Escobedo en la comunidad de Barrón en Salamanca, y cayeron bajo las balas homicidas de sicarios. En el mismo hecho, fue asesinada también Ma. Juana Cano Méndez, una mujer de 65 años. Cinco jóvenes sin antecedente delictivo alguno, una mujer, que como ellos, sólo pasaba por ahí. A pocas horas de sucedido el hecho, se pronunció el alcalde de Salamanca, César Prieto. A partir de entonces ha reinado el silencio y el miedo.
“En los últimos años la inseguridad ha destrozado familias, ha enterrado en el silencio a víctimas inocentes, se ha robado la juventud y ha usurpado el valor del ser humano…”, comentaba en un discurso hace pocos días el estudiante de la Universidad de Guanajuato Eustaquio Guillén González, durante la firma de un convenio entre su casa de estudios y las autoridades encargadas de la seguridad a escala municipal y estatal. ¿Se superará esta situación con la firma de convenios? ¿No era ya un deber de las autoridades de seguridad proteger tanto a estudiantes como a ciudadanos en general? ¿Le hacía falta un convenio al Telebachillerato de Barrón para evitar la masacre de sus cinco alumnos? De seguirse repitiendo estos casos demenciales ¿Cómo van a responder los firmantes de estos convenios, si hasta el momento esas mismas autoridades no responden?
En Irapuato, el pasado 9 de junio, el policía municipal Juan Carlos Cruz Segura, de 39 años, fue acribillado junto a su compañera de trabajo tras dejar su turno en la Ciudad Industrial, iban en camino a sus casas para descansar. Con Juan Carlos, van en este año 21 policías asesinados en el estado de Guanajuato. Buena parte de ellos han sido atacados fuera de sus trabajos, cuando iban vestidos como cualquier ciudadano de a pie. ¿Con quién podrán firmar convenios las secretarías de seguridad municipales para evitar que sigan asesinando a sus miembros?
No sé en qué piensan nuestros organismos de seguridad municipales y estatales, pero si en realidad desean derrotar al crimen y que estos sucesos no sigan siendo el pan de cada día, necesitan la colaboración de la ciudadanía, de toda la sociedad. Como estado, requerimos un gran compromiso social para rechazar este tipo de violencias, para expulsar a los criminales (por acción u omisión) de las instituciones y de la política. Pero parece que esto está muy lejos de alcanzarse. Más bien, gana preponderancia el sueño guajiro de convertirnos en un paraíso turístico de categoría mundial mientras somos incapaces de brindar seguridad a nuestros estudiantes y policías.
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