/ domingo 7 de agosto de 2022

EXPECTATIVAS DE SEGURIDAD DESDE LO LOCAL ANTE DESASTRE ACTUAL

Políticas, planes, programas, estrategias o acciones que en nuestras localidades podemos impulsar para reducir factores de riesgo que propician violencia y delincuencia, y para fomentar factores de protección que las previenen y que fortalecen a la comunidad, han de considerar, entre otros, estos elementos: 1) Cuestión previa es resolver si perdurará la visión de seguridad pública centralizada, autoritaria, como función única del gobierno –municipal o estatal- y de sus instituciones de seguridad, centradas en el orden y la paz públicos (seguridad objetiva), o si se transitará a la seguridad ciudadana, con énfasis en proteger a las personas, sus libertades, derechos y patrimonios (seguridad subjetiva, de los sujetos todos): requiere redimensionar los derechos e intereses de las personas y sus canales de comunicación con las instituciones, para recuperar orden y paz. 2) Elaborar diagnósticos sobre diversas realidades urbanas y rurales, con participación de habitantes. Por barrio, colonia, sector; municipio, región o estado. Los datos con los que cuenta la población son muy relevantes para hacer “inteligencia social”, en binomio policía-ciudadanía. Datos se completan con entrevistas a grupos de maestros, sacerdotes, empresarios, y otros que acopien datos. Y se suman los de ambas fiscalías sobre incidencia delictiva. 3) Aspecto prioritario son las políticas de prevención de violencias y delincuencia en lo municipal. Hay un marco conceptual y normativo que establece la prevenciones: (i)social, (ii) situacional, (iii) comunitaria, (iv) psicosocial, (v) policial y (vi) prevención de la reincidencia. Se apuesta más a la prevención policial y a la situacional (cámaras de vigilancia, por ejemplo), sin duda muy útil si hay operadores profesionales.

4) El modelo de policía. En el 2008 se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, concurriendo representantes de asociaciones de Alcaldes, y organizaciones de la sociedad civil. Luego se aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que plasmó esos acuerdos. Alcaldes se comprometieron a desarrollar programas que incorporen el componente social a su estrategia de seguridad; aplicar el Nuevo Modelo Policial, con énfasis en investigación científica para la prevención; establecer indicadores de evaluación y seguimiento; depurar y fortalecer a sus policías y sus mandos; instaurar un sistema de profesionalización y servicio civil de carrera para regular la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y retiro de policías; establecer indicadores de medición del desempeño de policías. En 2019 se aprobó otro “Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica”, que desarrollaba en parte la Estrategia Nacional de López Obrador. Se abandonó, igual que compromiso de recursos a municipios. Era de “policía de proximidad” y requería romper paradigmas que Fiscales rehúsan aceptar: “tanta policía municipal como sea posible, tanta policía estatal como sea necesario”. La Ley General ordena que todas las policías desarrollen funciones de: I. Investigación. II. Prevención y III. Reacción. Y que unidades de policía encargadas de la investigación de los delitos se ubiquen tanto en fiscalías como en policías municipales. El último Modelo cuenta con 4 componentes: medición de victimización y de confianza en la policía; policía de calidad y reducir déficit de policías; sostenibilidad financiera con un “Derecho del Policía basado en el impuesto predial”, y normatividad. El Modelo con la Justicia Cívica atendería en su primera etapa: faltas administrativas; infracciones de tránsito y vialidad; las mediaciones policiales.

5) Los ayuntamientos promoverán cultura de la legalidad, la denuncia y la participación ciudadana; desarrollar y apoyar programas locales que incorporen el componente social en sus estrategias de seguridad; participar en creación y fortalecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación de autoridades para erradicar corrupción y aumentar la eficiencia y el reconocimiento social. Son apuntes para lograr seguridad ciudadana, que es también construcción ciudadana.

Políticas, planes, programas, estrategias o acciones que en nuestras localidades podemos impulsar para reducir factores de riesgo que propician violencia y delincuencia, y para fomentar factores de protección que las previenen y que fortalecen a la comunidad, han de considerar, entre otros, estos elementos: 1) Cuestión previa es resolver si perdurará la visión de seguridad pública centralizada, autoritaria, como función única del gobierno –municipal o estatal- y de sus instituciones de seguridad, centradas en el orden y la paz públicos (seguridad objetiva), o si se transitará a la seguridad ciudadana, con énfasis en proteger a las personas, sus libertades, derechos y patrimonios (seguridad subjetiva, de los sujetos todos): requiere redimensionar los derechos e intereses de las personas y sus canales de comunicación con las instituciones, para recuperar orden y paz. 2) Elaborar diagnósticos sobre diversas realidades urbanas y rurales, con participación de habitantes. Por barrio, colonia, sector; municipio, región o estado. Los datos con los que cuenta la población son muy relevantes para hacer “inteligencia social”, en binomio policía-ciudadanía. Datos se completan con entrevistas a grupos de maestros, sacerdotes, empresarios, y otros que acopien datos. Y se suman los de ambas fiscalías sobre incidencia delictiva. 3) Aspecto prioritario son las políticas de prevención de violencias y delincuencia en lo municipal. Hay un marco conceptual y normativo que establece la prevenciones: (i)social, (ii) situacional, (iii) comunitaria, (iv) psicosocial, (v) policial y (vi) prevención de la reincidencia. Se apuesta más a la prevención policial y a la situacional (cámaras de vigilancia, por ejemplo), sin duda muy útil si hay operadores profesionales.

4) El modelo de policía. En el 2008 se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, concurriendo representantes de asociaciones de Alcaldes, y organizaciones de la sociedad civil. Luego se aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que plasmó esos acuerdos. Alcaldes se comprometieron a desarrollar programas que incorporen el componente social a su estrategia de seguridad; aplicar el Nuevo Modelo Policial, con énfasis en investigación científica para la prevención; establecer indicadores de evaluación y seguimiento; depurar y fortalecer a sus policías y sus mandos; instaurar un sistema de profesionalización y servicio civil de carrera para regular la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y retiro de policías; establecer indicadores de medición del desempeño de policías. En 2019 se aprobó otro “Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica”, que desarrollaba en parte la Estrategia Nacional de López Obrador. Se abandonó, igual que compromiso de recursos a municipios. Era de “policía de proximidad” y requería romper paradigmas que Fiscales rehúsan aceptar: “tanta policía municipal como sea posible, tanta policía estatal como sea necesario”. La Ley General ordena que todas las policías desarrollen funciones de: I. Investigación. II. Prevención y III. Reacción. Y que unidades de policía encargadas de la investigación de los delitos se ubiquen tanto en fiscalías como en policías municipales. El último Modelo cuenta con 4 componentes: medición de victimización y de confianza en la policía; policía de calidad y reducir déficit de policías; sostenibilidad financiera con un “Derecho del Policía basado en el impuesto predial”, y normatividad. El Modelo con la Justicia Cívica atendería en su primera etapa: faltas administrativas; infracciones de tránsito y vialidad; las mediaciones policiales.

5) Los ayuntamientos promoverán cultura de la legalidad, la denuncia y la participación ciudadana; desarrollar y apoyar programas locales que incorporen el componente social en sus estrategias de seguridad; participar en creación y fortalecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación de autoridades para erradicar corrupción y aumentar la eficiencia y el reconocimiento social. Son apuntes para lograr seguridad ciudadana, que es también construcción ciudadana.