/ domingo 20 de enero de 2019

GUARDIA NACIONAL, LA FORMA Y EL FONDO

Por: Armando Trueba Uzeta.

En su ensayo más reciente, “21 Lecciones para el Siglo XXI” el brillante escritor israelí Yuval Noah Harari, expone diversas razones por las cuales en este siglo XXI resulta poco probable la existencia de grandes conflagraciones bélicas entre los países. Sostiene que, salvo algunas excepciones, es difícil prever que dos o más naciones modernas entren en franco conflicto armado, como sucedió en la última gran Guerra Mundial. En ese sentido, los ejércitos de los países del mundo, pocas posibilidades tienen de entrar en acción para el cumplimiento de su fin último: defender a su patria en contra del enemigo extranjero.

¿Significa lo anterior que los países del mundo ya no requieren mantener grandes cuerpos castrenses? Desde luego que no es así. Hoy tanto como hace 70 años, se sigue necesitando la presencia de los cuerpos militares, aunque sus funciones no sean invadir o defenderse de otras naciones, sino otras muy diversas, que tienen que ver con la seguridad nacional, lo que quiera que ello signifique.

México no es la excepción a lo anterior. El Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Marina Armada son un conjunto de instituciones diseñadas originalmente para salvaguardar la soberanía nacional, pero no solo para ello, sino también para garantizar la seguridad interior.

El artículo 129 de nuestra Constitución señala que, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Al hacer una interpretación de este precepto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas lo soliciten. Por esta razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes. Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior.

La severa crisis de inseguridad que vive el país desde hace ya muchos años, ha obligado a echar mano de todos los recursos con los que cuenta el Estado, para tratar de defender a la población de las agresiones de la delincuencia organizada, ante la patética realidad de ineficiencia y corrupción enquistada en los cuerpos policíacos municipales y estatales.

La intervención subsidiaria de las fuerzas armadas ha sido contaminada por diversos incidentes emblemáticos, como el homicidio de veintidós personas en Tlatlaya, Estado de México; el homicidio de estudiantes normalistas en Iguala, Gro., donde se le achaca al Ejército al menos el pecado de omisión y varios incidentes aislados más. En estos casos, muchos testimonios e indicios apuntan participación de las fuerzas armadas.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gran problema es la impunidad sistémica y estructural que aqueja el país, y los casos más paradigmáticos en este punto son las violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas. De acuerdo con esta instancia internacional, el esclarecimiento estos delitos se dificulta por la falta de acceso a la información y la falta de investigación de los hechos.

La propia Comisión Interamericana ha emitido varias recomendaciones al Estado mexicano en materia de seguridad ciudadana. Sobre esto se ha insistido en el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública a cambio del fortalecimiento de la policía en la seguridad pública, lo que no ha sucedido.

En esta semana la Cámara de Diputados aprobó el decreto por que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, para crear la denominada Guardia Nacional.

Este nuevo cuerpo de seguridad, será una amalgama formada por cuerpos policiacos civiles y militares provenientes de las policías militar y naval. De aprobarse por el Senado tal como aparece el dictamen, la Guardia Nacional tendrá facultades de investigación, prevención de delitos y sanción de infracciones administrativas. En cuanto a su estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización y capacitación dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional.

No cabe duda del perfil militarizado que tendrá este nuevo cuerpo de seguridad pública; sin importar las recomendaciones de los organismos internacionales, el Estado mexicano se ha decantado por echar mano de las fuerzas armadas para convertirlas en policías, gracias a las ficciones jurídicas que permite el derecho.

Podrán estar en desacuerdo aquellos organismos, sin embargo, gran parte de la sociedad mexicana ve en las fuerzas castrenses la última línea de defensa en contra de la criminalidad; la realidad demuestra que simple y llanamente no hay otra manera de recuperar la seguridad pública, si no es través de los militares, aunque se les llame policías, la semántica es lo de menos.

Contra lo que sucedió en el caso de la declarada inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, ahora el legislativo tiene el cuidado de crear este nuevo cuerpo de seguridad a nivel constitucional, para evitar así molestas impugnaciones.

La milicia no fue diseñada ni capacitada para patrullar las calles e investigar delitos, sino para atacar y repeler ataques. No obstante, los militares asignados a este nuevo cuerpo tendrán que asumir su perfil y funciones; si hay éxito en ello, es probable que este nuevo cuerpo pueda reportar comenzar a reportar resultados.

Los acérrimos críticos afirman que la intervención de soldados y marinos convertidos artificiosamente en policías, implicará preservar la cultura de la violación a los derechos humanos, mediante detenciones arbitrarias, cateos sin orden, etc. Igualmente corren la especie de que se trata de la creación de la guardia pretoriana de López Obrador.

Ignoro si tales vaticinios puedan llegar a ser ciertos, solo el tiempo y la experiencia lo dirán. Por lo pronto, concedamos el beneficio de la duda a este inminente nuevo órgano del poder público y exijamos resultados.

Por: Armando Trueba Uzeta.

En su ensayo más reciente, “21 Lecciones para el Siglo XXI” el brillante escritor israelí Yuval Noah Harari, expone diversas razones por las cuales en este siglo XXI resulta poco probable la existencia de grandes conflagraciones bélicas entre los países. Sostiene que, salvo algunas excepciones, es difícil prever que dos o más naciones modernas entren en franco conflicto armado, como sucedió en la última gran Guerra Mundial. En ese sentido, los ejércitos de los países del mundo, pocas posibilidades tienen de entrar en acción para el cumplimiento de su fin último: defender a su patria en contra del enemigo extranjero.

¿Significa lo anterior que los países del mundo ya no requieren mantener grandes cuerpos castrenses? Desde luego que no es así. Hoy tanto como hace 70 años, se sigue necesitando la presencia de los cuerpos militares, aunque sus funciones no sean invadir o defenderse de otras naciones, sino otras muy diversas, que tienen que ver con la seguridad nacional, lo que quiera que ello signifique.

México no es la excepción a lo anterior. El Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Marina Armada son un conjunto de instituciones diseñadas originalmente para salvaguardar la soberanía nacional, pero no solo para ello, sino también para garantizar la seguridad interior.

El artículo 129 de nuestra Constitución señala que, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Al hacer una interpretación de este precepto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas lo soliciten. Por esta razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes. Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior.

La severa crisis de inseguridad que vive el país desde hace ya muchos años, ha obligado a echar mano de todos los recursos con los que cuenta el Estado, para tratar de defender a la población de las agresiones de la delincuencia organizada, ante la patética realidad de ineficiencia y corrupción enquistada en los cuerpos policíacos municipales y estatales.

La intervención subsidiaria de las fuerzas armadas ha sido contaminada por diversos incidentes emblemáticos, como el homicidio de veintidós personas en Tlatlaya, Estado de México; el homicidio de estudiantes normalistas en Iguala, Gro., donde se le achaca al Ejército al menos el pecado de omisión y varios incidentes aislados más. En estos casos, muchos testimonios e indicios apuntan participación de las fuerzas armadas.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gran problema es la impunidad sistémica y estructural que aqueja el país, y los casos más paradigmáticos en este punto son las violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas. De acuerdo con esta instancia internacional, el esclarecimiento estos delitos se dificulta por la falta de acceso a la información y la falta de investigación de los hechos.

La propia Comisión Interamericana ha emitido varias recomendaciones al Estado mexicano en materia de seguridad ciudadana. Sobre esto se ha insistido en el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública a cambio del fortalecimiento de la policía en la seguridad pública, lo que no ha sucedido.

En esta semana la Cámara de Diputados aprobó el decreto por que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, para crear la denominada Guardia Nacional.

Este nuevo cuerpo de seguridad, será una amalgama formada por cuerpos policiacos civiles y militares provenientes de las policías militar y naval. De aprobarse por el Senado tal como aparece el dictamen, la Guardia Nacional tendrá facultades de investigación, prevención de delitos y sanción de infracciones administrativas. En cuanto a su estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización y capacitación dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional.

No cabe duda del perfil militarizado que tendrá este nuevo cuerpo de seguridad pública; sin importar las recomendaciones de los organismos internacionales, el Estado mexicano se ha decantado por echar mano de las fuerzas armadas para convertirlas en policías, gracias a las ficciones jurídicas que permite el derecho.

Podrán estar en desacuerdo aquellos organismos, sin embargo, gran parte de la sociedad mexicana ve en las fuerzas castrenses la última línea de defensa en contra de la criminalidad; la realidad demuestra que simple y llanamente no hay otra manera de recuperar la seguridad pública, si no es través de los militares, aunque se les llame policías, la semántica es lo de menos.

Contra lo que sucedió en el caso de la declarada inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, ahora el legislativo tiene el cuidado de crear este nuevo cuerpo de seguridad a nivel constitucional, para evitar así molestas impugnaciones.

La milicia no fue diseñada ni capacitada para patrullar las calles e investigar delitos, sino para atacar y repeler ataques. No obstante, los militares asignados a este nuevo cuerpo tendrán que asumir su perfil y funciones; si hay éxito en ello, es probable que este nuevo cuerpo pueda reportar comenzar a reportar resultados.

Los acérrimos críticos afirman que la intervención de soldados y marinos convertidos artificiosamente en policías, implicará preservar la cultura de la violación a los derechos humanos, mediante detenciones arbitrarias, cateos sin orden, etc. Igualmente corren la especie de que se trata de la creación de la guardia pretoriana de López Obrador.

Ignoro si tales vaticinios puedan llegar a ser ciertos, solo el tiempo y la experiencia lo dirán. Por lo pronto, concedamos el beneficio de la duda a este inminente nuevo órgano del poder público y exijamos resultados.

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