Dr. Jorge A. Lumbreras Castro
La razones para crear una Guardia Nacional son diversas y van desde el poder económico y la capacidad de fuego de la delincuencia organizada y no organizada para dañar a la sociedad hasta la evidencia de que otros cuerpos de seguridad pública no disponen de la organización y fortalezas institucionales necesarias para hacer frente a estos grupos, a esto se suma la cuestión de que si bien los recursos en seguridad y justicia se duplicaron en 10 años esto no se tradujo en un mejor estado de seguridad pública e interior para nuestro país.
En México la espiral de la violencia se nutre de diferentes vectores como son la corrupción, la convivencia de elementos políticos con la delincuencia, la debilidad institucional de más de la mitad de las procuradurías del país, un sistema policial municipal heterogéneo en salarios, prestaciones sociales, equipo y armamento, y para cerrar el cuadro leyes en materia de procuración de justicia inactuales.
Ante esta serie de factores el poder civil recurrió a las fuerzas armadas, lo sabemos todos, sin un marco jurídico claro y preciso que estableciera sus misiones, de ahí el intento de regular su desempeño a través de la Ley de Seguridad Interior, ley que la Suprema Corte de Justicia ha descartado. Así las cosas y de manera simple quedaban las opciones de mantener las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública e interior con un marco de acción que sí bien es constitucional también es cierto que adolece de precisiones, o bien fortalecer la policía federal con ese u otro nombre para enfrentar a la delincuencia organizada, en otras palabras dejar todo como está pero con mayor inversión de recursos, infraestructura, tecnología, y además esperar a que diera resultados, con un costo fiscal aún mayor.
En este escenario, para enfrentar la inseguridad el Gobierno Federal que encabeza el Lic. Andrés Manuel López Obrador planteó la posibilidad de crear la Guardia Nacional, desde luego previa reforma constitucional y legal para darle vida. Se trata de una institución bajo un mando único, dependiente del Presidente de la República, cuya planeación, concepción y orientación corresponderá a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la responsabilidad de su administración y operación estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La Guardia Nacional es un instrumento del poder civil para enfrentar la delincuencia. se integrará en un principio con las unidades de la Policía Militar de SEDENA y SEMAR, y elementos de Policía Federal. En un segundo momento incorporará miembros activos de las FF.AA. que deseen pertenecer a esta fuerza y en la última instancia se hará una convocatoria a la juventud para incorporarse y con ello alcanzar los 50 mil miembros.
Los mandos contarán con un sistema de ascensos similar al de las Fuerzas Armadas, además de prestaciones semejantes a las instituciones castrenses. En el caso de los efectivos procedentes de las Fuerzas Armadas conservarán su antigüedad, prestaciones y condiciones . En evidencia, serán capacitados para: a) aproximarse a la población y atender a la víctima de un delito, b) atender el fenómeno del delito para su prevención, c) preservar las evidencias y lograr la judicialización del caso entre otras cosas.
La coordinación de la Guardia Nacional se establecerá entre los tres niveles de gobierno: a) A nivel nacional estará a cargo del Gabinete de Seguridad. b) A nivel estatal a través de 32 coordinaciones. c) A nivel municipal en 266 coordinaciones regionales (150 en 2019; 200 en 2020 y 266 en 2021) en esta última, se tomará en cuenta la incidencia delictiva para desplegar el número de efectivos que oscilará de 300 a 600 en cada caso. Debe subrayarse que las policías estatales y municipales no desaparecen y que los gobernadores tienen la responsabilidad de mejorarlas.
Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México si están capacitados para actuar como policías, esto es, recibieron adiestramiento en derechos humanos, protocolos sobre el uso de la fuerza, y lo relativo al trabajo policial en el marco del nuevo sistema de justicia penal. La cuestión ahora será que la reforma constitucional y legal los dote de facultades precisamente para actuar como autoridad, para presentar a quienes cometen un delito ante las autoridades y para poder realizar otra serie de tareas de manera profesional y objetiva a fin de que no haya impunidad.
La Guardia Nacional existe en otros países y suponer que sus elementos por el hecho de tener formación militar violarán derechos humanos es una retórica falsa y elemental, en especial porque la formación militar desde hace décadas tiene uno de sus ejes en la defensa, respeto y salvaguarda de los derechos de las personas, las familias y las comunidades. Las Fuerzas Armadas han acreditado cada día durante años resultados contundentes e inatacables contra la delincuencia, sirven con honor a la ciudadanía, su lealtad al poder civil nunca ha estado en duda, y la creación de una Guardia Nacional bajo el mando del poder civil es una salida racional y estratégica al estado de inseguridad que prevalece en el país. Lo que sería un absurdo es seguir haciendo lo mismo con la ilusión de obtener resultados diferentes.
