El 4 de abril de 2014 se nombraron como Consejera y Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por seis años a Pamela San Martín Ríos, Enrique Andrade González, Benito Nacif Hernández y Marco Antonio Baños; el 3 de abril pasado terminó su encargo.
En tiempo y forma, el 13 de febrero del presente año se aprobó la convocatoria pública para iniciar el proceso de elección de las cuatro consejerías que quedarían vacantes, y para el 28 de febrero ya estaba instalado en la Cámara de Diputados el Comité Técnico de Evaluación encargado de calificar a cada uno de los aspirantes a los cargos.
Se exigió un comité libre de sesgos partidistas para dar certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad a la elección, y aunque hubo quejas abiertas con alguno de sus integrantes, existe plena confianza en la objetividad del órgano colegiado y en la propuesta de cuatro quintetas que presente a los legisladores. El proceso, a petición de Acción Nacional, se realizó en Parlamento Abierto y con máxima publicidad, además, por orden de la Sala Superior se detallará la puntuación individual de cada uno de los 60 aspirantes, y esto evitará cualquier duda.
El perfil de cada uno de las candidatas y candidatos aprobados deberá estar al margen de criterios de partidos o ideologías y deberá cumplir con cuatro atributos base: honestidad, capacidad profesional acreditada, independencia y carácter para tomar decisiones. Quienes resulten electos serán los encargados de cuidar la democracia y los equilibrios en las elecciones intermedias de 2021 y de 2027, y en la elección presidencial del 2024, en una época en la que existe un ataque constante a las instituciones.
Se preveía que la votación en el Pleno de la Cámara de Diputados fuese el 31 de marzo, sin embargo, el 18 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados suspendió sesiones por la contingencia del COVID-19 y sin concluir el proceso de sustitución seguimos en espera de mejores condiciones de salubridad, mientras tanto el INE debe funcionar sólo con 7 de las once consejeras y consejeros electorales.
Hoy, el tema es la posibilidad de asistir a un Periodo Extraordinario el 22 de julio para concluir con el proceso y existe un acuerdo de todos los Grupos Parlamentarios en la importancia y trascendencia de la elección.
La democracia que tenemos en México es resultados del trabajo de miles de demócratas en décadas de luchas ciudadanas, persecuciones y fraudes electorales, es nuestra obligación protegerla y no dar ni un paso atrás en los derechos y libertades conquistados. Es indispensable garantizar la imparcialidad del árbitro y hoy tenemos un árbitro con autoridad y con imparcialidad probada. Ante las amenazas (abiertas y públicas) del presidente López Obrador de intervenir en la elección intermedia se vuelve una prioridad impostergable que se siga garantizando la autonomía del INE y la independencia e imparcialidad de cada uno los integrantes de su Consejo General. Estamos a tiempo.
