El conflicto que desde hace meses agita a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha llegado finalmente a los posicionamientos de las cámaras del Poder Legislativo lo mismo que al discurso del Ejecutivo Federal, en gran medida debido a la escalada reciente de la violencia advertida en diversas escaramuzas sostenidas por la propia comunidad en distintas entidades y espacios universitarios.
Al respecto, se ha señalado que hay “mano negra” y que se han ya identificado actores y grupos involucrados que están promoviendo tal agitación, lo cual no sería inédito. Siempre está latente el peligro de que intereses aviesos se aprovechen de las instituciones, particularmente académicas, cuando su vulnerabilidad se incrementa en momentos de tensión. Sin embargo, el efecto más delicado de esta violencia visible es que a la par que logra desvirtuar la razón que dio origen al reclamo femenino universitario, pone en riesgo, una vez más, la estabilidad de nuestra máxima Casa de Estudios.
¡Y qué paradójico resultaría que, al final, el legítimo clamor de gran número de universitarias que denunció estar padeciendo un estado latente de violencia, terminara sofocado una vez más por la violencia! Lo cual no sería de extrañar. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2002 reconoció, a través de su “Informe mundial sobre la salud y la violencia”, que la violencia era uno de los principales problemas mundiales de salud pública, y que lo mismo podía producirse en la familia que en la calle, en el trabajo, en cualquier institución pública o privada, que en la escuela. ¿Fenómeno producto de la modernidad? No, pero sí agudizado por ella, porque si bien la violencia ha sido compañera inseparable del hombre a lo largo de su historia, al grado de llegar a creer que la historia misma es una apología de la violencia -como lo afirmó Merleau-Ponty en su obra Humanismo y Terror-, aún y cuando gracias al proceso civilizatorio fue contenida, en los tiempos recientes sus modalidades se han multiplicado, extendido y sofisticado gracias a los avances tecnológicos.
Nelson Mandela, al final del prólogo al Informe de la OMS dijo: “a nuestros hijos… les debemos una vida sin violencia ni temor. Para garantizarla hemos de ser incansables en nuestros esfuerzos por lograr la paz, la justicia y la prosperidad no solo para los países, sino también para las comunidades y los miembros de una misma familia. Debemos hacer frente a las raíces de la violencia”. La pregunta que surge entonces es: ¿de qué se nutre la violencia? ¿Acaso la guerra es su principal fuente originadora? En lo absoluto. El espacio donde principalmente se produce es el ámbito doméstico y los sujetos contra los que se ejerce: mujeres y menores de edad. Luego entonces, la violencia es un problema de salud pública mundial porque es parte consubstancial de la estructura social y en países donde imperan el machismo y la desigualdad genérica su agudización es la consecuencia, tal y como ocurre en el nuestro. En pocas palabras, la violencia es una cuestión de desequilibrio de poderes, como ya lo advirtió el propio Secretario General de la ONU, António Guterres. Pero esto no es óbice ni justificación para que la sociedad y la autoridad dejen de intervenir al respecto, máxime en un espacio como el universitario, donde la libertad de pensamiento, conciencia y cátedra deben imperar y, para que lo haga, deben privar ante todo el respeto y la seguridad. Sí, aquí, más que en ninguna otra parte, es donde la autoridad está obligada en actuar ante el menor indicio de violencia, porque ésta no solo se nutre de la acción. La inacción es el mayor caldo de cultivo para la violencia. Por algo la propia Asamblea General de la ONU, al emitir en 1993 la Declaración de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reconoció que la inacción del Estado constituye una violación de los derechos humanos, lo cual aplica para toda autoridad que no intervenga de inmediato al momento de ser recurrida.
Crisis que agita al alma universitaria mientras se debate la propuesta de la Fiscalía General de la República para eliminar el delito de feminicidio -tipo sobre el que en 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció respecto al Código Penal de Chihuahua, considerando que quebrantaba el principio de igualdad genérica-. Iniciativa repudiada por amplios sectores, comprendido el Senado, pero en torno a la que debe destacarse que el establecimiento de este tipo penal, si bien contribuyó a visibilizar la tragedia humanitaria que enfrenta la mujer en nuestro país, en la práctica diaria, lejos de haber contribuido a disminuir y menos erradicar la violencia generalizada en su contra, terminó fomentando la impunidad, convertida más en un recurso político que un arma de protección jurídica, al ser su acreditación tortuosa y obstáculo de la judicialización.
Sí, mientras la política, la misoginia y los intereses personales se impongan, la Justicia será luz que veremos cada vez más lejana.
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