La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) investigan la castración de un oso negro que fue capturado tras interactuar con paseantes en un parque ecológico en el estado de Nuevo León.
Luego de su captura la semana pasada afuera de una casa, el ejemplar fue trasladado a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León para practicarle estudios rutinarios.
Pero una vez allí, el laboratorio de fauna silvestre de la facultad "consideró que debido al comportamiento errático del oso, que había vuelto (...) a alimentarse con basura en la zona urbanizada, era necesario" castrarlo, refirió Profepa el domingo en un comunicado.
De acuerdo con lo dicho a través de un comunicado, la Delegación de la Procuraduría tuvo conocimiento del caso gracias a una denuncia de la Dirección de Protección civil de la entidad que señalaba que el ejemplar de aproximadamente 96 kilo de peso se encontraba “socializando” con los paseantes del Parque Chipinque, en San Pedro Garza García.
Una vez activado el Protocolo de Vida Silvestre, personal de Protección Civil, Bomberos, Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, junto con la Profepa, procedió a la captura del animal, por lo que una vez lograda la tarea el oso fue trasladado a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el fin de realizar estudios rutinarios de biometría hemática, química sanguínea, ectoparásitos y endoscopía, entre otros.
En el comunicado se detalla que “el Médico Veterinario Zootecnista Rogelio Carrera Treviño, Coordinador del Laboratorio de Fauna Silvestre de la Facultad mencionada, consideró que debido al comportamiento errático del oso (…) por su seguridad y la de la población, era necesario que se le practicara una orquiectomía bilateral (castración), antes de su traslado”.
Cabe destacar que lo anterior fue consultado y autorizado por el Director General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Profepa, el médico Veterinario Zootecnista, Martín Vargas Prieto.
Antes de su liberación, se colocó al ejemplar un collar de telemetría para el monitoreo constante de su ubicación y desplazamiento.
Finalmente, la Procuradora Federal de Protección al Ambiente ordenó que se investigue el porqué de la decisión de castrar al ejemplar, para lo cual se ha solicitado la remisión de las constancias documentales que la sustenten.
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