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Al menos seis empresas nacionales y extranjeras presentaron 14 amparos conjuntos contra las modificaciones que realizó la Secretaría de Energía a las reglas para otorgar los Certificados de Energías Limpias (CEL).
Las compañías, especializadas en la producción de electricidad a partir de fuentes solares y eólicas, consideran que los cambios regulatorios “distorsionan” al mercado y afectan los proyectos e inversiones en el sector eléctrico.
Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee), que agrupa a ocho empresas, como Iberdrola, Enel, Vestas o Siemens, aseguró que el cambio en el marco legal va en contra del compromiso del Presidente de respetar las “santidad de los contratos energéticos y del marco legal. Se comprometió a no modificar y va en sentido opuesto".
A la ola de amparos también se sumó la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), que integra a más de 120 compañías, entre las que destacan IEnova, la italiana Enel, e incluso las divisiones de energía de Cemex y Grupo Bimbo.
Los Certificados de Energías Limpias son documentos que avalan que todo el sector eléctrico del país utiliza un porcentaje mínimo de este insumo proveniente de fuentes como la radiación solar, el viento, la geotermia o el gas natural.
El porcentaje mínimo de electricidad limpia es establecido por el gobierno federal, y tiene que ser cubierto por todas las empresas que participan en este ámbito, es decir, los generadores y los distribuidores del servicio, lo que incluye a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
"Lo que está haciendo la Secretaría de Energía es regalarle certificados a CFE, sin haber invertido en modernizar sus plantas de energía renovable", advierte Valle.
Los CEL son vendidos por los generadores de energías limpias a las compañías que consumen su electricidad para que comprueben que cumplen con las metas establecidas por el gobierno, por lo que representa una fuente de ingresos para las empresas que desarrollan los parques solares o eólicos.
En entrevista, Víctor Ramírez, especialista del sector energético, señaló que las demandas de amparo que se presentaron van en el sentido comercial y "el Estado mexicano lleva todas las de perder como en los gasoductos”.
El analista coincide en que los cambios en la reglamentación generan incertidumbre entre los empresarios.
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