/ miércoles 24 de febrero de 2021

IMCO acusa falta de políticas integrales en mercado de medicamentos

De acuerdo con el Instituto, los cambios en el sistema, así como la falta de una visión estratégica han provocado desabasto y sobrecosto

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) acusó que en México existe una falta de políticas integrales de medicamentos que aseguren la competencia y el buen funcionamiento del mercado, situación que se ha acentuado durante la pandemia y que ha derivado en problemas para garantizar el acceso oportuno a la población a medicamentos de calidad.

De acuerdo con el Instituto, los cambios en el sistema de compras públicas para adquirir medicamentos, los desafíos regulatorios, así como la falta de una visión estratégica alrededor del sector farmacéutico han provocado desabasto, sobrecosto y falta de transparencia en los procesos de compra.

Por ello, “a fin de identificar los retos más sobresalientes del sector y generar propuestas para garantizar la provisión de medicamentos” realizó un foro en el que, a través de entrevistas a expertos de distintos sectores, generó un documento con sus principales conclusiones y hallazgos.

En cuanto a las compras públicas de medicamentos concluyó que, debido a los cambios en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), se realizan bajo procesos de excepción, lo que limita la competencia, “ya que en las adjudicaciones directas y en los procesos de invitación restringida es discrecional a qué proveedor se les pide cotizaciones y/o se permite participar”, señala.

▶️Fracasó la compra de medicinas en la 4T: Impunidad Cero y Justicia Justa

En cuanto al sistema regulatorio de medicamentos, actividad realizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), señaló que entre los límites para la competitividad se encuentran los “costos altos para los participantes y para el regulador quien emplea tiempo y recursos en verificar el cumplimiento de requisitos y no necesariamente en dar cumplimiento a las prácticas normadas”.

Además, especifica que ante los recortes presupuestales y de recursos humanos, así como los cambios para que la Comisión ahora dependa de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, se cuestiona la objetividad de su funcionamiento administrativo, operativo y técnico.

Muchos de los inventarios de las instituciones de salud se ven mermados por la falta de abasto / Foto: Archivo

En el diseño de una política industrial explica que el desarrollo de medicamentos es un proceso largo, complejo y costoso, para lo cual “sería oportuno generar programas sectoriales multianuales que evalúen la estructura del mercado, la capacidad productiva de la industria local, así como las vulnerabilidades del sistema de producción y abastecimiento”.

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Por todo lo anterior propone incrementar el gasto público en salud y contar con reglas más transparentes sobre los servicios que cubre el Instituto de Salud para el Bienestar y fomentar la diversificación de oferentes en los procesos de compras públicas de medicamentos, así como la coordinación del diálogo entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía para construir una política farmacéutica integral en favor del desarrollo del mercado.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) acusó que en México existe una falta de políticas integrales de medicamentos que aseguren la competencia y el buen funcionamiento del mercado, situación que se ha acentuado durante la pandemia y que ha derivado en problemas para garantizar el acceso oportuno a la población a medicamentos de calidad.

De acuerdo con el Instituto, los cambios en el sistema de compras públicas para adquirir medicamentos, los desafíos regulatorios, así como la falta de una visión estratégica alrededor del sector farmacéutico han provocado desabasto, sobrecosto y falta de transparencia en los procesos de compra.

Por ello, “a fin de identificar los retos más sobresalientes del sector y generar propuestas para garantizar la provisión de medicamentos” realizó un foro en el que, a través de entrevistas a expertos de distintos sectores, generó un documento con sus principales conclusiones y hallazgos.

En cuanto a las compras públicas de medicamentos concluyó que, debido a los cambios en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), se realizan bajo procesos de excepción, lo que limita la competencia, “ya que en las adjudicaciones directas y en los procesos de invitación restringida es discrecional a qué proveedor se les pide cotizaciones y/o se permite participar”, señala.

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En cuanto al sistema regulatorio de medicamentos, actividad realizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), señaló que entre los límites para la competitividad se encuentran los “costos altos para los participantes y para el regulador quien emplea tiempo y recursos en verificar el cumplimiento de requisitos y no necesariamente en dar cumplimiento a las prácticas normadas”.

Además, especifica que ante los recortes presupuestales y de recursos humanos, así como los cambios para que la Comisión ahora dependa de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, se cuestiona la objetividad de su funcionamiento administrativo, operativo y técnico.

Muchos de los inventarios de las instituciones de salud se ven mermados por la falta de abasto / Foto: Archivo

En el diseño de una política industrial explica que el desarrollo de medicamentos es un proceso largo, complejo y costoso, para lo cual “sería oportuno generar programas sectoriales multianuales que evalúen la estructura del mercado, la capacidad productiva de la industria local, así como las vulnerabilidades del sistema de producción y abastecimiento”.

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Por todo lo anterior propone incrementar el gasto público en salud y contar con reglas más transparentes sobre los servicios que cubre el Instituto de Salud para el Bienestar y fomentar la diversificación de oferentes en los procesos de compras públicas de medicamentos, así como la coordinación del diálogo entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía para construir una política farmacéutica integral en favor del desarrollo del mercado.

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