/ lunes 1 de julio de 2024

Centros de rehabilitación estamos abandonados: Nicolás Pérez Ponce

Capacitación, profesionalización y regularización, son temas con los que Centros de Rehabilitación han padecido

IRAPUATO, GTO.- Los centros de rehabilitación en el estado de Guanajuato han sido abandonados en muchos aspectos, sin apoyo económico para la regulación, sin programas públicos para la profesionalización, el sueño de encargados de luchas contra las adicciones se vuelve cada vez más complicado ante un panorama de consumo cada vez mayor.


Centros de CRUB se encuentran regularizados al 95%.


Nicolás Pérez Ponce, presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), explicó que anualmente, los grupos que pertenecen a esta agrupación atienden alrededor de siete a ocho mil personas, en promedio 21 mil tratamientos que consisten en atención a lo largo de cuatro meses, pero esto requiere más allá que solo una intención, pues para dignificar y mejorar el servicio que las personas que luchan contra una adicción reciben, se requiere de intensas y constantes capacitaciones, que además de requerir de su tiempo y esfuerzo, son costosas y el estado de Guanajuato carece de políticas públicas para acercarlos a estas.

Apenas el pasado 30 de mayo, líderes de centros de rehabilitación, también conocidos como “anexos”, se reunieron con autoridades municipales de seguridad, solicitaron apoyo para el monitoreo de los centros, como no se pudo llegar a un acuerdo, les dijeron que se reunirían el pasado 29 de junio, pero Nicolás Pérez Ponce señaló que no recibieron llamados, mientras tanto, una situación que señaló debería ser de urgencia en materia de seguridad, se sigue postergando, precisamente en el aniversario de la masacre en el centro de rehabilitación, “Buscando el camino a mi recuperación”, en la comunidad de Arandas, hecho que marcó la historia de Irapuato con la muerte de 27 personas que solo querían derrotar su problema de adicción.


Buscan herramientas para la profesionalización en el estado.


“Desde antes llamamos, señalamos grupos de riesgo, los ignoraron, a veces uno como responsable no quiere que pasen estas cosas, por eso uno ha tocado puertas desde lo federal, estatal y municipal, entonces la situación aquí es que a veces ellos son los primeros que hacen que prolifere la violencia, la delincuencia, no es justo que manden 300 o 400 policías, a cuidar a las porras de la Trinca o el estadio cuando hay otras prioridades, por eso lo hemos gritado, somos personas, instituciones muy vulnerables, abandonadas por muchos lados”.

BUSCA CRUB ALTERNATIVAS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN


Los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío surgieron de una necesidad a nivel estatal de brindar una nueva oportunidad a quienes padecen de adicciones, de un sueño de encargados o “padrinos”, que superaron sus consumos problemáticos y decidieron emprender el camino cuesta arriba en el apoyo a otros que pasan por esta situación, sin embargo, muchos de estos apoyos son requeridos por personas de escasos recursos y la profesionalización para encargados puede costar miles de pesos.



“La profesionalización que hemos adquirido en el tema de las adicciones, nos ha costado, ellos siempre dicen que no hay recurso, y tampoco les pedimos, nosotros nos hemos profesionalizado porque nos interesa la dignificación del tratamiento, de los chavos, es lo que queremos, dar una mejor atención a las personas que padecen esta enfermedad, nosotros hemos invitado a las autoridades a que nos visiten, que vean como trabajamos, que vean que hacemos para que ellos vean que lo que nosotros hacemos no es fácil”.

Algunas de las certificaciones con las que cuentan son la consejería en adicciones, de la cual Nicolás Pérez Ponce señaló en su caso fue una inversión de 25 mil pesos, solo por el documento, a esto se tuvieron que sumar gastos de traslados hospedajes, entre otros que en muchas ocasiones pueden llegar hasta a duplicar el precio, enfatizó que un área de oportunidad que ellos tienen identificada es la necesidad de centros para la profesionalización, que líderes de anexos puedan tomarlas en el estado.

“Ahorita estamos recibiendo, nos vamos a certificar en psicología adictiva, neuropsicología, a veces no es tanto lo que paga uno por el certificado, a veces pagas más por viáticos, pues aquí no hay esto en Guanajuato, ahorita estamos buscando la manera de tener una universidad, un centro que salga de CRUB, un centro evaluador para certificar a las personas en los centros”.



Destacó que este proyecto y muchos otros se encuentran en minutas firmadas por las autoridades, entre ellas una de la gobernadora electa, de quien esperan, cumpla con los compromisos en beneficio de los centros de rehabilitación de todo el estado.

Y es que consideró que el apoyo se ha brindado, solo a unos cuantos, principalmente a centros donde no trabajan con las personas que tienen problemas más graves con el consumo de sustancias.

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Dijo que el apoyo se debe hacer estatal, pues mientras algunos municipios les han brindado la ayuda con los costos de documentación necesaria, otros municipios les cobran miles de pesos, lo cual dificulta la subsistencia de estos centros, sin embargo seguirán trabajando en beneficio de esta causa.

A nosotros lo que nos consuela es que esos dichos nos los cumpla o no, vamos a estar trabajando con el estado para meter iniciativas que beneficien a estos lugares, quede quien quede, nosotros vamos a hacer lo necesario, lo de nosotros es ayudar a la gente que no tiene”.

IRAPUATO, GTO.- Los centros de rehabilitación en el estado de Guanajuato han sido abandonados en muchos aspectos, sin apoyo económico para la regulación, sin programas públicos para la profesionalización, el sueño de encargados de luchas contra las adicciones se vuelve cada vez más complicado ante un panorama de consumo cada vez mayor.


Centros de CRUB se encuentran regularizados al 95%.


Nicolás Pérez Ponce, presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), explicó que anualmente, los grupos que pertenecen a esta agrupación atienden alrededor de siete a ocho mil personas, en promedio 21 mil tratamientos que consisten en atención a lo largo de cuatro meses, pero esto requiere más allá que solo una intención, pues para dignificar y mejorar el servicio que las personas que luchan contra una adicción reciben, se requiere de intensas y constantes capacitaciones, que además de requerir de su tiempo y esfuerzo, son costosas y el estado de Guanajuato carece de políticas públicas para acercarlos a estas.

Apenas el pasado 30 de mayo, líderes de centros de rehabilitación, también conocidos como “anexos”, se reunieron con autoridades municipales de seguridad, solicitaron apoyo para el monitoreo de los centros, como no se pudo llegar a un acuerdo, les dijeron que se reunirían el pasado 29 de junio, pero Nicolás Pérez Ponce señaló que no recibieron llamados, mientras tanto, una situación que señaló debería ser de urgencia en materia de seguridad, se sigue postergando, precisamente en el aniversario de la masacre en el centro de rehabilitación, “Buscando el camino a mi recuperación”, en la comunidad de Arandas, hecho que marcó la historia de Irapuato con la muerte de 27 personas que solo querían derrotar su problema de adicción.


Buscan herramientas para la profesionalización en el estado.


“Desde antes llamamos, señalamos grupos de riesgo, los ignoraron, a veces uno como responsable no quiere que pasen estas cosas, por eso uno ha tocado puertas desde lo federal, estatal y municipal, entonces la situación aquí es que a veces ellos son los primeros que hacen que prolifere la violencia, la delincuencia, no es justo que manden 300 o 400 policías, a cuidar a las porras de la Trinca o el estadio cuando hay otras prioridades, por eso lo hemos gritado, somos personas, instituciones muy vulnerables, abandonadas por muchos lados”.

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Los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío surgieron de una necesidad a nivel estatal de brindar una nueva oportunidad a quienes padecen de adicciones, de un sueño de encargados o “padrinos”, que superaron sus consumos problemáticos y decidieron emprender el camino cuesta arriba en el apoyo a otros que pasan por esta situación, sin embargo, muchos de estos apoyos son requeridos por personas de escasos recursos y la profesionalización para encargados puede costar miles de pesos.



“La profesionalización que hemos adquirido en el tema de las adicciones, nos ha costado, ellos siempre dicen que no hay recurso, y tampoco les pedimos, nosotros nos hemos profesionalizado porque nos interesa la dignificación del tratamiento, de los chavos, es lo que queremos, dar una mejor atención a las personas que padecen esta enfermedad, nosotros hemos invitado a las autoridades a que nos visiten, que vean como trabajamos, que vean que hacemos para que ellos vean que lo que nosotros hacemos no es fácil”.

Algunas de las certificaciones con las que cuentan son la consejería en adicciones, de la cual Nicolás Pérez Ponce señaló en su caso fue una inversión de 25 mil pesos, solo por el documento, a esto se tuvieron que sumar gastos de traslados hospedajes, entre otros que en muchas ocasiones pueden llegar hasta a duplicar el precio, enfatizó que un área de oportunidad que ellos tienen identificada es la necesidad de centros para la profesionalización, que líderes de anexos puedan tomarlas en el estado.

“Ahorita estamos recibiendo, nos vamos a certificar en psicología adictiva, neuropsicología, a veces no es tanto lo que paga uno por el certificado, a veces pagas más por viáticos, pues aquí no hay esto en Guanajuato, ahorita estamos buscando la manera de tener una universidad, un centro que salga de CRUB, un centro evaluador para certificar a las personas en los centros”.



Destacó que este proyecto y muchos otros se encuentran en minutas firmadas por las autoridades, entre ellas una de la gobernadora electa, de quien esperan, cumpla con los compromisos en beneficio de los centros de rehabilitación de todo el estado.

Y es que consideró que el apoyo se ha brindado, solo a unos cuantos, principalmente a centros donde no trabajan con las personas que tienen problemas más graves con el consumo de sustancias.

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Dijo que el apoyo se debe hacer estatal, pues mientras algunos municipios les han brindado la ayuda con los costos de documentación necesaria, otros municipios les cobran miles de pesos, lo cual dificulta la subsistencia de estos centros, sin embargo seguirán trabajando en beneficio de esta causa.

A nosotros lo que nos consuela es que esos dichos nos los cumpla o no, vamos a estar trabajando con el estado para meter iniciativas que beneficien a estos lugares, quede quien quede, nosotros vamos a hacer lo necesario, lo de nosotros es ayudar a la gente que no tiene”.

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