Las dos sedes del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), ubicadas en el municipio de Irapuato, no cuenta con un protocolo de atención a las víctimas de acoso sexual.

El pasado primero de octubre, la revista científica Science, dio a conocer que en la unidad Langebio de dicha institución, hay al menos cinco víctimas de hostigamiento y acoso sexual de un solo agresor, el investigador Felipe Vielle Calzada

De las seis víctimas, cuatro ya interpusieron su denuncia formal ante el órgano interno de contra de la institución, uno de los casos ya se encuentra en proceso sancionatorio ante un tribunal federal de Justicia Administrativa.

La mañana de este miércoles, integrantes de la comunidad académica y estudiantil del Cinvestav, acompañadas de el Centro Las Libres, brindaron una rueda de prensa para dar a conocer y exigir medidas que garanticen a docentes y alumnas de la unidad langebio y la unidad Irapuato, una vida libre de violencia.

Durante su participación, la directora de la Unidad Irapuato del Cinvestav, Gabriela Olmedo Álvarez, reconoció que las dos sedes de la institución, no cuentan con un protocolo de atención a las víctimas.

Mencionó que la falta de protocolos deja desprotegidos principalmente a los alumnos, quienes al no ser funcionarios públicos no son atendidos directamente por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la institución.

“No tenemos protocolos establecidos, todo lo que es una suspensión esos y son temas laborales, esto ya compete al órgano interno de control, quien es quien está llevando el caso, pero nosotros deberíamos tener protocolos para protección de la víctima , para acompañarlos, para que puedan denunciar, en particular si son alumnos ya que al no ser funcionarios no son atendidos directamente”.

La rueda de prensa también tuvo como objetivo el exigir la conformación de un comité conformado por especialistas en materia de género, que puedan atender y dar seguimiento a las denuncias por acoso y hostigamiento sexual.

De igual forma se exigió que toda aquella persona que sea acusada de incurrir en violencia contra docentes y alumnas, sea separada del cargo mientras se lleva a cabo el proceso de investigación.