/ lunes 6 de diciembre de 2021

Denuncian víctimas de violencia omisiones de FGE; piden intervención de ONU

Calificaron como omisiones y negligencia por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) en cada uno de sus casos

Tres presuntas víctimas de violencia de Guanajuato denunciaron lo que calificaron como omisiones y negligencia por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) en cada uno de sus casos.

Además, indicaron que ellas mismas han tenido que costear las investigaciones que le corresponderían a la Fiscalía General del Estado, como el caso de Laura Elena Díaz Infante, quien con el dinero que le dieron por el seguro de vida de su esposo financió la investigación que determinó que éste no falleció por suicidio como informó en su momento la extinta Procuraduría General del Justicia del Estado, sino que fue asesinado.

Por esta razón, Raymundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, dio a conocer que solicitaron a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos su intervención para emitir recomendaciones que permitan el acceso a la justicia de las víctimas en el estado.

“Vamos a solicitarle que envíe una comunicación al relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, específicamente esperando que haga recomendaciones sobre la situación de impunidad en Guanajuato, que proponga algunas vías de mejora para la independencia de la Fiscalía, y esperamos que en esta comunicación el Estado Mexicano se comprometa en su conjunto a combatir las malas prácticas y esta negligencia de la Fiscalía”, explicó Raymundo Sandoval.


Desde la CDMX fueron denunciados casos de presunta omisión de la FGE.


Cada una de las presuntas víctimas expuso sus casos. Por ejemplo, Laura Díaz Infante dijo que ella misma ha tenido que costear las investigaciones para esclarecer el asesinato de su esposo, ocurrido en 2015; explicó que tuvieron que pasar dos años para poder cobrar el seguro de vida y con lo que le dieron es como ha tenido que costear las investigaciones del caso.


Investigación con sus propios medios


Otro de los casos expuestos y que será llevado ante las Naciones Unidas fue el de Norma Barrón, quien en junio de 2019 sufrió el secuestro de su esposo y su hijo y aunque pagó un millón de pesos por su rescate, sus captores no le regresaron a sus familiares.

Pero no sólo eso: Norma Barrón se ha dedicado a investigar por sus propios medios la identidad y ubicación de los presuntos autores del secuestro de su esposo y su hijo, al grado de que incluso logró con la propia información que ella misma recabó la captura de tres de éstos, pero añadió que si en su momento la Fiscalía General del Estado le hubiera hecho caso, tal vez sus familiares habrían sido encontrados de forma inmediata.

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Aunado a ello, acusó que ha sido revictimizada, pues ha sido enfrentada con los presuntos autores de la desaparición de su esposo y su hijo, lo cual la ha dejado en estado de vulnerabilidad.

“Me han dado balazos, me han perseguido y de nada sirve decirles”, dijo Norma Barrón, quien busca a su esposo e hijo quienes fueron secuestrados en Irapuato.


Acusan protección a político


Un caso más fue el de María José, la otra presunta víctima de violación por parte del diputado federal electo del PAN, Jorge N., en donde la abogada de la joven, Dalia Ramírez Delgado, acusó que la Fiscalía General del Estado habría puesto trabas a la carpeta de investigación de este caso, para presuntamente proteger al político.

También acusó que la propia víctima ha tenido que pagar sus peritajes del caso, cuando es deber de la Fiscalía General del Estado ofrecer el apoyo y el acceso a la justicia.

“Ahora la víctima tiene que pagar peritajes que oscilan entre los 20 a 30 mil pesos, más los psicólogos que estiman una inversión de más de 100 mil pesos por un trabajo que no quiere hacer la fiscalía por proteger a un político”.

Estos casos fueron integrados en una misma carpeta que fue presentada a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para su intervención en éstos.

Al respecto se buscó la postura de la Fiscalía General del Estado sobre estos casos, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.


Tres presuntas víctimas de violencia de Guanajuato denunciaron lo que calificaron como omisiones y negligencia por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) en cada uno de sus casos.

Además, indicaron que ellas mismas han tenido que costear las investigaciones que le corresponderían a la Fiscalía General del Estado, como el caso de Laura Elena Díaz Infante, quien con el dinero que le dieron por el seguro de vida de su esposo financió la investigación que determinó que éste no falleció por suicidio como informó en su momento la extinta Procuraduría General del Justicia del Estado, sino que fue asesinado.

Por esta razón, Raymundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, dio a conocer que solicitaron a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos su intervención para emitir recomendaciones que permitan el acceso a la justicia de las víctimas en el estado.

“Vamos a solicitarle que envíe una comunicación al relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, específicamente esperando que haga recomendaciones sobre la situación de impunidad en Guanajuato, que proponga algunas vías de mejora para la independencia de la Fiscalía, y esperamos que en esta comunicación el Estado Mexicano se comprometa en su conjunto a combatir las malas prácticas y esta negligencia de la Fiscalía”, explicó Raymundo Sandoval.


Desde la CDMX fueron denunciados casos de presunta omisión de la FGE.


Cada una de las presuntas víctimas expuso sus casos. Por ejemplo, Laura Díaz Infante dijo que ella misma ha tenido que costear las investigaciones para esclarecer el asesinato de su esposo, ocurrido en 2015; explicó que tuvieron que pasar dos años para poder cobrar el seguro de vida y con lo que le dieron es como ha tenido que costear las investigaciones del caso.


Investigación con sus propios medios


Otro de los casos expuestos y que será llevado ante las Naciones Unidas fue el de Norma Barrón, quien en junio de 2019 sufrió el secuestro de su esposo y su hijo y aunque pagó un millón de pesos por su rescate, sus captores no le regresaron a sus familiares.

Pero no sólo eso: Norma Barrón se ha dedicado a investigar por sus propios medios la identidad y ubicación de los presuntos autores del secuestro de su esposo y su hijo, al grado de que incluso logró con la propia información que ella misma recabó la captura de tres de éstos, pero añadió que si en su momento la Fiscalía General del Estado le hubiera hecho caso, tal vez sus familiares habrían sido encontrados de forma inmediata.

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Aunado a ello, acusó que ha sido revictimizada, pues ha sido enfrentada con los presuntos autores de la desaparición de su esposo y su hijo, lo cual la ha dejado en estado de vulnerabilidad.

“Me han dado balazos, me han perseguido y de nada sirve decirles”, dijo Norma Barrón, quien busca a su esposo e hijo quienes fueron secuestrados en Irapuato.


Acusan protección a político


Un caso más fue el de María José, la otra presunta víctima de violación por parte del diputado federal electo del PAN, Jorge N., en donde la abogada de la joven, Dalia Ramírez Delgado, acusó que la Fiscalía General del Estado habría puesto trabas a la carpeta de investigación de este caso, para presuntamente proteger al político.

También acusó que la propia víctima ha tenido que pagar sus peritajes del caso, cuando es deber de la Fiscalía General del Estado ofrecer el apoyo y el acceso a la justicia.

“Ahora la víctima tiene que pagar peritajes que oscilan entre los 20 a 30 mil pesos, más los psicólogos que estiman una inversión de más de 100 mil pesos por un trabajo que no quiere hacer la fiscalía por proteger a un político”.

Estos casos fueron integrados en una misma carpeta que fue presentada a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para su intervención en éstos.

Al respecto se buscó la postura de la Fiscalía General del Estado sobre estos casos, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.


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