/ jueves 9 de mayo de 2019

Investiga Fiscalía fraude en Diócesis

Perdidos 18 millones de pesos.

La Fiscalía General de Guanajuato abrió una carpeta de investigación por el presunto delito de abuso de confianza en agravio de la Diócesis de Irapuato y en próximos días el caso será enviado al Juzgado de Oralidad, pues fueron encontrados elementos suficientes contra los inculpados.

Existen elementos suficientes contra los inculpados, por lo que será el juez quien determine si se da la vinculación a proceso y pueda darse inicio a la causa penal

Esto, luego de que la ex contadora de la Diócesis de Irapuato señalara que está siendo acusada por un presunto desfalco por 18 millones de pesos y ésta acusara a sacerdotes de ser quienes realizaron desvíos de esos recursos de la Iglesia.

Por ello, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Regional B ya integró la carpeta de investigación por el delito de abuso de confianza en agravio de la Diócesis de Irapuato y será en próximos días cuando el caso sea turnado al Juzgado de Oralidad.

“Existen elementos suficientes contra los inculpados, por lo que será el juez quien determine si se da la vinculación a proceso y pueda darse inicio a la causa penal”, informó la Fiscalía General de Guanajuato.

Paloma N., la ex contadora de la Diócesis de Irapuato, fue denunciada penalmente el 20 de diciembre de 2016 por monseñor José Gerardo Velázquez Solís en su carácter de apoderado de la Diócesis de Irapuato, pero ésta dijo que los desfalcos presuntamente había sido generados por sacerdotes adscritos a dicha Diócesis.

Paloma mencionó que el dinero que ingresaba a las arcas de la Diócesis de Irapuato a través de rifas, eventos, donativos y limosnas ingresaba a una caja chica que no se reportaba al fisco y los padres hacían diversos retiros a voluntad, sin dar cuenta de en que se utilizaría.

Mencionó que dicho dinero era presuntamente usado para adquirir propiedades dentro y fuera del estado; no obstante, el Ministerio Público desestimó este señalamiento, al indicar que la investigación a los bienes de los padres era un acto de molestia, a pesar de que las compras se hacían en efectivo y cuyos costos millonarios no corresponden al salario de un sacerdote que percibe alrededor de siete mil pesos mensuales.

La Fiscalía General de Guanajuato abrió una carpeta de investigación por el presunto delito de abuso de confianza en agravio de la Diócesis de Irapuato y en próximos días el caso será enviado al Juzgado de Oralidad, pues fueron encontrados elementos suficientes contra los inculpados.

Existen elementos suficientes contra los inculpados, por lo que será el juez quien determine si se da la vinculación a proceso y pueda darse inicio a la causa penal

Esto, luego de que la ex contadora de la Diócesis de Irapuato señalara que está siendo acusada por un presunto desfalco por 18 millones de pesos y ésta acusara a sacerdotes de ser quienes realizaron desvíos de esos recursos de la Iglesia.

Por ello, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Regional B ya integró la carpeta de investigación por el delito de abuso de confianza en agravio de la Diócesis de Irapuato y será en próximos días cuando el caso sea turnado al Juzgado de Oralidad.

“Existen elementos suficientes contra los inculpados, por lo que será el juez quien determine si se da la vinculación a proceso y pueda darse inicio a la causa penal”, informó la Fiscalía General de Guanajuato.

Paloma N., la ex contadora de la Diócesis de Irapuato, fue denunciada penalmente el 20 de diciembre de 2016 por monseñor José Gerardo Velázquez Solís en su carácter de apoderado de la Diócesis de Irapuato, pero ésta dijo que los desfalcos presuntamente había sido generados por sacerdotes adscritos a dicha Diócesis.

Paloma mencionó que el dinero que ingresaba a las arcas de la Diócesis de Irapuato a través de rifas, eventos, donativos y limosnas ingresaba a una caja chica que no se reportaba al fisco y los padres hacían diversos retiros a voluntad, sin dar cuenta de en que se utilizaría.

Mencionó que dicho dinero era presuntamente usado para adquirir propiedades dentro y fuera del estado; no obstante, el Ministerio Público desestimó este señalamiento, al indicar que la investigación a los bienes de los padres era un acto de molestia, a pesar de que las compras se hacían en efectivo y cuyos costos millonarios no corresponden al salario de un sacerdote que percibe alrededor de siete mil pesos mensuales.

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