De enero de 2019 a enero de 2022, en Guanajuato fueron iniciadas mil 334 denuncias penales por el delito de robo de hidrocarburo, en donde 327 personas fueron puestas a disposición de la autoridad federal, que a la que le compete sancionar este ilícito.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2019 fue el de los actuales sexenios federal y estatal en donde hubo más denuncias penales por el robo de hidrocarburo, con 651, y en donde hubo 47 personas detenidas y vinculadas a proceso por este delito.
Para 2020, en el estado fueron realizadas 451 denuncias penales por robar combustible a través de los ductos de Petróleos Mexicanos y una de esas denuncias fue la fincada en contra de José Antonio N., alias El Marro, quien aún tiene abierto un proceso ante un juez federal por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de robo de hidrocarburo.
En 2021, luego de la detención de El Marro, hubo una disminución en cuanto a la incidencia de robo de hidrocarburo y que se reflejó en menor cantidad de denuncias penales por este delito, al haber sido realizadas 200 en 12 meses, un promedio de 16 mensuales.
No obstante, en enero de 2022 se notó un incremento con relación a ese promedio mensual, al haber sido realizadas 32 denuncias penales por la comisión del robo de hidrocarburo.
De acuerdo con los datos oficiales reportados por el operativo Guanajuato Seguro, durante enero de 2022 fue reportada la detección de 37 tomas clandestinas, la mayoría de éstas en Irapuato, pues fueron encontradas al menos 17 durante el primer mes del año; San Vicente fue la comunidad con mayor incidencia, con 10 ductos perforados.
En lo que va de 2022, en Guanajuato han sido levantadas aproximadamente 15% de todas las denuncias penales que hubo por el robo de hidrocarburo en todo 2021.
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos contempla a este ilícito como la sustracción de “hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley”.
Por este delito, las personas que llegan a cometerlo alcanzan una pena de hasta 30 años de prisión y una multa de hasta 25 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, equivalentes a más de dos millones 405 mil pesos.
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