Mauricio Hernández Núñez, delegado de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno de México en Guanajuato, aseguró que hasta el momento él no ha recibido ninguna notificación por parte de la Secretaría de la Función Pública sobre el presunto uso indebido de programas sociales del que fue señalado.

De Viva Voz...

“Me parece que expresar esto, más que ser producto de mala fe o postura dolosa, es desconocimiento de cómo se manejan los programas”.

Mauricio Hernández Núñez / Delegado de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno de México en Guanajuato.

Además, manifestó que la Secretaría de la Función Pública actúa con base en quejas y advirtió que en caso de que haya una denuncia en contra de él sólo demuestra que tiene un desconocimiento de cómo se manejan ahora los programas sociales.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Mauricio Hernández Núñez explicó que los programas sociales están blindados de origen para que no puedan ser utilizados, por lo cual mostró su extrañeza ante este señalamiento, del cual reiteró desconocía porque hasta ahora no se le había notificado nada.

“Para la identificación de los beneficiarios, los programas son universales, no hay manera de que se pueda hacer un uso discrecional para que tal persona ingrese al programa, de modo que hay que tener muy claro cuáles son las reglas de operación.

“(...) No existe la posibilidad de hacer un manejo inadecuado de los programas, las reglas han cambiado con un esquema diferente a lo que se venia manejando; me parece que expresar esto, más que ser producto de mala fe o postura dolosa, es desconocimiento de cómo se manejan los programas”, dijo el delegado e Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno de México.

No obstante, Mauricio Hernández Núñez refirió que él está en la disposición de colaborar con la investigación que lleve a cabo la Secretaría de la Función Pública, pues defendió que su trabajo lo ha realizado apegado a los lineamientos puestos por el Gobierno Federal y con total transparencia.

“La Secretaría de la Función Pública tiene la obligación legal de atender cualquier queja, lo que no significa que derive en una sanción, la queja tiene que estar fundada, motivada y respaldada en pruebas sólidas, cualquier ciudadano se puede inconformar y esperemos a ver cómo viene, aunque desconozco el porqué de ella”.