IRAPUATO, Gto.- Irapuatenses se reunieron durante la mañana de este domingo para realizar una marcha para pedir seguridad y justicia.
Esto tras los hechos violentos ocurridos durante las ultimas semanas en distintos puntos de la ciudad.
Entre los manifestantes se encontraba Norma Bernal, hermana de Carlos Alberto Bernal, el catedrático y directivo de la Universidad de Guanajuato que fue asesinado a balazos el pasado 24 de junio tras salir de una tienda en el bulevar Arandas.
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Norma, exigió a las autoridades transparencia, pues refirió no haber recibido mas información sobre el móvil del asesinato de su hermano.
Quiero saber si fue un doble crimen o que fue, por que faltan las pertenencias de mi hermano, el era una persona dedicada a su trabajo, necesitamos justicia.
Entre los manifestantes, que en su mayoría eran jóvenes hubo varios que decidieron cubrir sus rostros y esconder sus identidades, esto debido a las supuestas amenazas que circularon por medio de las redes sociales, las cuales también ocasionaron que disminuyera el numero de participantes en el movimiento.
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“Al principio mucha gente iba a venir, y aunque no recibimos amenazas de forma directa al asistir aquí, algunos prefirieron apoyar la causa desde sus casas, algunos por la contingencia y otros por miedo a sufrir agresiones, pero los que estemos vamos a marchar”, exclamó uno de los lideres de la manifestación.
Ademas los integrantes del movimiento recién nombrado como Bloque Negro Irapuato comentaron que la petición no es solo a nivel municipal, sino también a nivel estatal y federal e invitaron a la ciudadanía a abandonar las diferencias políticas para exigir que la paz regrese al municipio.
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Deben dejar de politizar la seguridad, nosotros no venimos aquí con fines políticos, nos han insultado y puesto etiquetas, hoy venimos a pedirle al presidente municipal, al gobernador y al presidente de la república que nos garanticen la seguridad y la justicia que por derecho nos pertenecen.
Entre las peticiones de los participantes en el movimiento también se encontraban la desestigmatización hacia las personas que sufren adicciones para ofrecerles mejor acceso a servicios legales y de salud, así como brindar ayuda económica y psicológica a las familias de las victimas de ataques a centros de rehabilitación como el ocurrido el pasado miércoles en la comunidad de Arandas.
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