/ jueves 16 de septiembre de 2021

Sin respuesta la 4T a pedido de la ONU

Han pasado 60 días

Mary Lawlor, relatora de la ONU sobre personas defensoras de derechos humanos, informó que hace dos meses externó al gobierno de México su preocupación sobre las agresiones y violencia que viven las personas buscadoras de personas desaparecidas en el estado y le solicitó información sobre si hay alguna investigación en curso; han pasado 60 días y no ha obtenido respuesta.


La ONU atenta al tema de desaparecidos en el país.



A través de su cuenta de Twitter, Mary Lawlor publicó parte de la comunicación que envió al gobierno de México para solicitar información sobre si hay alguna investigación por las agresiones que viven las personas buscadoras de personas desaparecidas, pues dijo que es un tema que debe llamar la atención, pues pareciera como si se tratara de un patrón de atentar contra estas personas.

“Solicitamos información sobre cualquier investigación en curso. Tras 60 días, no hemos recibido respuesta” (sic), escribió Mary Lawlor y posteriormente publicó parte de la comunicación enviada al Gobierno de México.

⬇️Da clic aquí⬇️

En este documento, Mary Lawlor expuso que las amenazas y agresiones en contra de familiares, colectivos y organizaciones de derechos humanos que trabajan en la localización de personas desaparecidas y en la búsqueda de verdad, justicia y reparación se habría intensificado recientemente en el estado de Guanajuato.

“La Secretaría Técnica del Consejo Estatal sobre la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha reportado, durante 2021, 24 casos de atentados contra defensores y defensoras de derechos humanos en 11 de los 46 municipios de Guanajuato, siendo los municipios de Celaya, León e Irapuato los mayormente afectados”.

Explicó que entre las agresiones reportadas se incluyen amenazas, ataques digitales, agresiones físicas, detenciones, allanamientos, desapariciones y asesinatos.

“La vigilancia y monitoreo de los colectivos de búsqueda habría aumentado tras su hallazgo en la localización de un gran número de restos humanos inhumados clandestinamente en Guanajuato.

“(...) De acuerdo con los colectivos, la presencia de autoridades habría empezado a incomodar a los grupos delincuenciales y fue en esas circunstancias que se notó la intensificación de incidentes de vigilancia o 'halconeo'”.

En la carta se expone que las amenazas se habrían dado principalmente en Facebbo y WhatsApp, así como por llamadas telefónicas, para con ello disuadir el trabajo.


No ha habido respuesta del gobierno mexicano a agresiones contra buscadoras.


Puso como ejemplo los casos de asesinatos de Rosario Zavala Aguilar y Javier Barajas Piña, ambos buscadores de sus familiares desaparecidos, así como las agresiones en contra de Angélica Zamudio Almanza y Norma Patricia Barrón Núñez, ambas habrían sido hostigadas por presuntos miembros de la delincuencia organizada por su labor de búsqueda.

“Nos preocupa además sobre el efecto intimidatorio que estos hechos tendrían sobre todos los colectivos de búsqueda quienes realizan sus labores en un ambiente de constante intimidación y amenazas. Es sumamente preocupante que, a pesar de las denuncias presentadas sobre estos ataques, los casos se mantengan en impunidad y que no se hayan proporcionado medidas de protección efectivas a quienes ejercen esta legítima labor”.

Fue el 15 de julio cuando Mary Lawlor envió esta comunicación de preocupación al Gobierno de México y a 60 días no ha tenido respuesta de esta instancia de gobierno.

Mary Lawlor, relatora de la ONU sobre personas defensoras de derechos humanos, informó que hace dos meses externó al gobierno de México su preocupación sobre las agresiones y violencia que viven las personas buscadoras de personas desaparecidas en el estado y le solicitó información sobre si hay alguna investigación en curso; han pasado 60 días y no ha obtenido respuesta.


La ONU atenta al tema de desaparecidos en el país.



A través de su cuenta de Twitter, Mary Lawlor publicó parte de la comunicación que envió al gobierno de México para solicitar información sobre si hay alguna investigación por las agresiones que viven las personas buscadoras de personas desaparecidas, pues dijo que es un tema que debe llamar la atención, pues pareciera como si se tratara de un patrón de atentar contra estas personas.

“Solicitamos información sobre cualquier investigación en curso. Tras 60 días, no hemos recibido respuesta” (sic), escribió Mary Lawlor y posteriormente publicó parte de la comunicación enviada al Gobierno de México.

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En este documento, Mary Lawlor expuso que las amenazas y agresiones en contra de familiares, colectivos y organizaciones de derechos humanos que trabajan en la localización de personas desaparecidas y en la búsqueda de verdad, justicia y reparación se habría intensificado recientemente en el estado de Guanajuato.

“La Secretaría Técnica del Consejo Estatal sobre la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha reportado, durante 2021, 24 casos de atentados contra defensores y defensoras de derechos humanos en 11 de los 46 municipios de Guanajuato, siendo los municipios de Celaya, León e Irapuato los mayormente afectados”.

Explicó que entre las agresiones reportadas se incluyen amenazas, ataques digitales, agresiones físicas, detenciones, allanamientos, desapariciones y asesinatos.

“La vigilancia y monitoreo de los colectivos de búsqueda habría aumentado tras su hallazgo en la localización de un gran número de restos humanos inhumados clandestinamente en Guanajuato.

“(...) De acuerdo con los colectivos, la presencia de autoridades habría empezado a incomodar a los grupos delincuenciales y fue en esas circunstancias que se notó la intensificación de incidentes de vigilancia o 'halconeo'”.

En la carta se expone que las amenazas se habrían dado principalmente en Facebbo y WhatsApp, así como por llamadas telefónicas, para con ello disuadir el trabajo.


No ha habido respuesta del gobierno mexicano a agresiones contra buscadoras.


Puso como ejemplo los casos de asesinatos de Rosario Zavala Aguilar y Javier Barajas Piña, ambos buscadores de sus familiares desaparecidos, así como las agresiones en contra de Angélica Zamudio Almanza y Norma Patricia Barrón Núñez, ambas habrían sido hostigadas por presuntos miembros de la delincuencia organizada por su labor de búsqueda.

“Nos preocupa además sobre el efecto intimidatorio que estos hechos tendrían sobre todos los colectivos de búsqueda quienes realizan sus labores en un ambiente de constante intimidación y amenazas. Es sumamente preocupante que, a pesar de las denuncias presentadas sobre estos ataques, los casos se mantengan en impunidad y que no se hayan proporcionado medidas de protección efectivas a quienes ejercen esta legítima labor”.

Fue el 15 de julio cuando Mary Lawlor envió esta comunicación de preocupación al Gobierno de México y a 60 días no ha tenido respuesta de esta instancia de gobierno.

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