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CNDH llama a diputados a aprobar Ley contra desaparición forzada

Por Manrique Gandaria.

La Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado respetuoso pero enérgico al Poder Legislativo Federal para que en el siguiente periodo ordinario de sesiones se apruebe la Ley General para la desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, toda vez que de acuerdo a sus estadísticas, al 30 de septiembre de 2016 documentó la existencia de 855 fosas clandestinas, de las que fueron exhumados 1,548 cadáveres y 35,958 restos óseos y/o humanos.

 

Destacó que entre las muchas y diversas condiciones que han dado pauta al complejo y doloroso problema de desaparición de personas están la ausencia de una ley general en la materia, falta de investigaciones ministeriales homogéneas para búsqueda y localización de personas, inconsistencias en la definición jurídica de los diversos tipos de desaparición y falta de equipos profesionales en la búsqueda y localización de personas.

 

Al participar en el Foro sobre Desaparición Forzada “Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza”, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, reiteró la importancia y urgencia de que el Estado Mexicano genere condiciones para garantizar la efectiva investigación y sanción de la desaparición forzada y la cometida por particulares, mediante acciones para hacer efectivos los derechos irrenunciables a la verdad, justicia y reparación del daño, así como garantizar su no repetición.

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González Pérez, destacó que el Estado Mexicano no ha atendido oportuna y suficientemente las exigencias de las organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas sobre la expedición de una ley que tipifique de manera adecuada el delito de desaparición forzada de personas, que incluya un tipo penal que sancione las desapariciones de personas cometidas por particulares.

 

Ante un aforo de alrededor de 200 concurrentes procedentes de diez estados del país, reunidos en la Casa Diocesana Villa Lucerna, en esta ciudad de Chilpancingo, puntualizó que, una vez expedida y en vigor, el reto será hacerla efectiva, contar con la profesionalización de los actores involucrados en su aplicación, y con los recursos suficientes para instrumentar sus contenidos y, sobre todo, hacer investigaciones efectivas que eviten la impunidad.

 

González Pérez lamentó que la práctica de desaparición de personas no haya sido erradicada en nuestro país y poco se ha hecho para atenderlo, solucionarlo y prevenir que se repita ante la magnitud del problema. Demandó comprender y encarar de manera integral el fenómeno, así como avanzar juntos en la armonización de la legislación nacional en la materia y alinearla de acuerdo con los estándares internacionales.

 

Destacó que entre las muchas y diversas condiciones que han dado pauta al complejo y doloroso problema de desaparición de personas están la ausencia de una ley general en la materia, falta de investigaciones ministeriales homogéneas para búsqueda y localización de personas, inconsistencias en la definición jurídica de los diversos tipos de desaparición y falta de equipos profesionales en la búsqueda y localización de personas.

 

Así como la ausencia de un adecuado registro de casos que distinga desaparición forzada de la cometida por particulares o delincuencia organizada y personas cuyo paradero se desconoce por causas distintas, utilización indistinta de conceptos para referirse a personas cuyo paradero se desconoce, ausencia de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para prevenir, perseguir y sancionar la desaparición de personas, escasa capacitación de servidores públicos y la violencia, inseguridad e impunidad en diversas regiones del país.

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Refiere que el antecedente de las desapariciones forzadas durante la década de los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado acreditadas por la CNDH en la Recomendación 26/2001, demuestran que la impunidad en esos casos ha generado condiciones para que delitos tan graves se sigan cometiendo y que no haya operado la garantía de no repetición, como lo acreditan los hechos ocurridos en Tierra Blanca, Veracruz, y los acontecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que visibilizaron cómo se ha agudizado esa práctica en los últimos años.

 

. González Pérez detalló los distintos informes que sobre este caso ha dado a conocer la CNDH, así como las correspondientes 57 propuestas y observaciones de las cuales, al 22 de septiembre de 2016, sólo 8 pueden considerarse totalmente atendidas, 33 están en vías de atención y 16 tienen estatus de no atendidas.

 

En las ponencias de personas expertas en el tema también participaron Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Nacionales Unidas para los Derechos Humanos en México, quien habló de “Los pendientes de México frente a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”.

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