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La Cámara de Diputados tiene previsto reformar el próximo 4 de noviembre la Constitución en sus artículos 4 y 73, para obligar al Estado a que reconozca el derecho humano a los cuidados de las personas como son niños, niñas y principalmente adultos mayores, personas con discapacidad y en pobreza extrema.
La iniciativa fue impulsada por la diputada morenista Lorena Villavicencio Ayala —con el apoyo de El Colegio de México, la organización INCIDE y otras del sector civil— a la que posteriormente se añadieron legisladores como la emecista Martha Tagle.
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La iniciativa plantea que el Estado asegure siete principios para el cuidado de las personas: equidad, interculturalidad, igualdad sustantiva, perspectiva de género, accesibilidad, perspectiva intergeneracional, sustentabilidad y corresponsabilidad de las autoridades.
La minuta plantea añadir al artículo cuarto de la Constitución el párrafo que estipula que “toda persona tiene derecho al cuidado digno, entendido como el conjunto de actividades, relaciones y procesos que sustentan vitalmente a las personas a lo largo de todo el ciclo vital y les otorgan los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad. La garantía del derecho al cuidado compromete tanto su dimensión económica, social, política, cultural y psicológica. La ley establecerá los instrumentos y recursos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo, tales como la instrumentación del Sistema Público Nacional de Cuidados”.
En entrevista con El Sol de México, Villavicencio Ayala destacó que el dictamen propone dos aspectos fundamentales: asegurar el derecho al cuidado digno y al tiempo propio, lo cual, expresó, “es relevante porque a partir de estos conceptos se establecen las bases para un Sistema Nacional de Cuidados”, el cual será transversal, al atravesar por distintas instituciones del Sector Salud y el Educativo.
Subrayó que para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos al cuidado, el siguiente paso a debatir es la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, donde se tendrá que ver cómo preservar la vida digna de las personas, no sólo la de los enfermos y discapacitados, sino también la de niños y adultos mayores.
En este sentido, la diputada expuso que se debe hacer un análisis de cuál es el presupuesto con que se cuenta dentro de las mismas instituciones y cuánto más se necesitaría para el Sistema.
Aclaró que no se plantea crear nuevas instituciones, sino adaptar las ya constituidas y darles un enfoque diferente para generar políticas públicas que sean distintas.
El dictamen —que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado miércoles—, representa un paso fundamental para que se establezca el derecho del cuidado en la Constitución, dijo la legisladora.
Para ello, subraya, se tendrían que garantizar nuevas medidas como lograr la autonomía de las mujeres y el cuidado de los niños, establecer una nueva política nacional de guarderías infantiles y pensar en políticas públicas para los adultos mayores más allá de otorgarles una pensión. Se tendría que hacer lo mismo para las personas con discapacidad.
Villavicencio indicó que todo debe llevarse a cabo con el presupuesto que ya se tiene porque pensar en nuevas instituciones en época de austeridad es complicado y más en el marco de la pandemia.
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