Cuatro especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM alertaron sobre las consecuencias que pueden desencadenar la eventual desaparición de órganos constitucionalmente autónomos como el INAI, el IFT, entre otros, y de instituciones descentralizadas como el Coneval, a raíz de la iniciativa de reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López obrador.
Los académicos Sergio López Ayllón, Lucía Ojeda, César Hernández, y Guillermo Cejudo Ramírez ponen en duda qué tan factible es la eliminación de órganos constitucionalmente autónomos y el traspaso de sus funciones a Secretarías de Estado. La duda es sobre si realmente la desaparición de órganos “para eliminar duplicidad de funciones”, garantizará una mayor eficiencia y ahorro de recursos públicos, como señala la iniciativa de reforma.
Como parte del libro Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales, presentadas por el presidente de la República (febrero 5, 2024) publicado por el IIJ-UNAM, plantean las posibles consecuencias de la simplificación administrativa propuesta desde Palacio Nacional.
Cuestionan que en la iniciativa presentada por el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero, los análisis en torno a la funcionalidad de los organismos y sus resultados son escuetos, por lo que “es necesario un examen más profundo para evaluar la validez de estas afirmaciones y entender las repercusiones reales de la propuesta”.
Replicar eficazmente estas funciones dentro de las secretarías podría requerir una reestructuración significativa y una inversión que podría compensar cualquier ahorro presupuestal previsto, advierten.
Particularmente con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), destacan los especialistas resultados como la parcial reducción de monopolios e incluso aportaciones económicas a las arcas federales.
También puntualizan que los altos salarios de los funcionarios del IFT, un tema que detonó conflictos entre el Ejecutivo federal y el instituto, se debe a la especialización técnica, lo cual está garantizado en la Constitución.
En el mismo sentido ponen en tela de juicio las repercusiones que pudieran existir al eliminar estos organismos en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, debido a que se debe garantizar independencia e imparcialidad para garantizar la neutralidad competitiva.
Sobre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los especialistas consideran que dicho órgano es el que “de manera injustificada, ha sido objeto de mayor número de críticas por parte del presidente López Obrador”.
Enfatizan que, a su juicio, la intención de desaparecer a dicho instituto es desmontar el sistema nacional de transparencia, sin importar demasiado lo que sigue.
No obstante, alertan que es “cuestionable la afirmación de que el INAI no ha garantizado el acceso a la información” porque “su labor ha permitido construir un entramado institucional (...) que garantiza el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales”.
Entre las críticas a la iniciativa critican que se deja vulnerable el derecho de las personas a la protección de sus datos personales, debido a que la propuesta de reforma presidencial ni siquiera contempla esta función del INAI.
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“Dejar en un limbo esta competencia del INAI resulta francamente irresponsable y muestra un desconocimiento enorme de quienes redactaron la iniciativa”, sentencian especialistas.
Otros organismos analizados son la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). El documento recuerda que el primer mandatario ya había intentado desaparecer a estas instancias con la reforma energética de 2021, para que sus atribuciones y estructuras formasen parte de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Refieren que aunque la iniciativa busca eliminar dichas instituciones para “transversalizar la política de austeridad republicana” y evitar “presupuestos en los que ha existido un dispendio de recursos”, adelantan que su desaparición desataría más dificultades a la administración federal para impulsar tareas regulatorias, además de que habría una politización de la función regulatoria.
El último caso analizado es el del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), institución que se propone sea absorbida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo cual, critican, evidencia un “profundo desconocimiento de su función y la manera en que opera”, además de que “la evaluación de la política y programas sociales, quedaría en un limbo”.
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