Cuando una persona defensora de derechos humanos o un periodista está en una situación de peligro, lo que necesita es un mecanismo de protección que, basado en un análisis de riesgo, determine cuál es el mejor plan para salvaguardar su integridad. “Darles dinero, no les va a salvar la vida”, afirma categóricamente Itzia Miravete, coordinadora de Documentación y Seguimiento de Casos del programa de protección y defensa de la organización Artículo 19.
En entrevista para El Sol de México, Miravete considera que la eliminación de 109 fideicomisos propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y avalada por la Cámara de Diputados, pone en una situación de riesgo a los comunicadores y defensores de derechos humanos porque no les sirve tener dinero, como propone el Gobierno. “Lo que les sirve es conservar la vida”, añade.
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El pasado 8 de octubre, y después de una férrea defensa de la oposición para impedirlo, finalmente en San Lázaro avanzó la extinción de 109 fondos públicos, entre los que figura el fideicomiso del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Para calmar los ánimos de los sectores afectados, el mandatario aseguró que los apoyos gubernamentales se entregarán directamente a los beneficiarios. Pero en el caso de los periodistas y activistas, el dinero en realidad es lo de menos.
“Los mismos periodistas nos decían que (eliminar el fondo) también es una forma del Estado de lavarse las manos, dejar de asumir su responsabilidad y pasarla a las personas que están en riesgo... porque el Gobierno, al evitar gestionar y buscar sacarlos del lugar de manera segura, les están diciendo ‘mira, yo te doy el dinero y tú ve cómo le haces”.
Antes de que iniciaran las discusiones de la eliminación de los fideicomisos, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados había avanzado en una serie de reformas a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que buscaban fortalecer mecanismos en materia de rendición de cuentas y transparencia. Entre ellas se contemplaba incluir un Consejo Consultivo conformado por la sociedad civil.
El marco legal contemplaba la creación de un sistema coordinado entre instituciones para fortalecer la prevención, la reparación del daño, el combate a la violencia estructural que generan las agresiones y el combate a la impunidad, pero ahora está congelado en el pleno.
Itzia Miravete también explica que existía un compromiso de la administración federal para fortalecer al mecanismo, luego de que la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), a petición del mismo Gobierno, realizó un diagnóstico sobre el Mecanismo de Protección, en la que emitió 104 recomendaciones para su fortalecimiento, siendo una de ellas el mejor financiamiento.
Este mecanismo “es la única respuesta que ha creado el Estado desde 2012 a la fecha para atender la situación de violencia contra aquellas personas defensoras y periodistas, y ahora está a punto de desaparecer”, a pesar de que el fondo que lo soporta “sí ha sido auditado anualmente”.
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