El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, José Tello, anunció este sábado que desde su cartera están conformando una comisión multisectorial que trate las reparaciones para los familiares de los fallecidos en las protestas antigubernamentales en las que murieron 27 personas en varios puntos del país.

"Desde Justicia y Derechos Humanos vamos a cumplir con el encargo de nuestra presidenta de la República y nuestro primer ministro, para conformar una comisión multisectorial para ver el tema de las reparaciones o apoyo solidario que vamos a dar a los deudos de las personas han perdido la vida", dijo Tello en la emisora RPP.

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Desde el pasado domingo 11 de diciembre se intensificaron protestas en contra de la presidenta, Dina Boluarte, que también pedían la liberación del exmandatario Pedro Castillo, el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente.

Murieron 27 personas, de las cuales cinco eran menores, en manifestaciones y disturbios ocurridos mayormente en el sur del país, como en los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cuzco y Arequipa.

El ministro anunció este sábado que el tema de las reparaciones a las familias de los fallecidos se tratará el martes 27 y que esta comisión contará con representantes de los ministerios de Educación, Agricultura, Salud, Desarrollo e Inclusión Social y la Presidencia del Consejo de Ministros.

Además, estará presente la sociedad civil a través de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) y dos representantes de las familias de las víctimas.

"Será amplia y la lidera mi cartera, la de Justicia y lo que vamos a buscar dar un apoyo solidario, que de algún modo pueda mitigar la pérdida, porque una vida humana no tiene precio", señaló Tello.

El ministro transmitió su pésame, se solidarizo con los fallecidos y afirmó en el programa 'Enfoques de sábados' que estas fechas "nos deben servir para pensar en el diálogo, la unidad y el amor".

En este sentido, dijo que esta Navidad "los peruanos están dolidos por el fallecimiento de compatriotas".

"Es una respuesta del Estado ante una situación, pero es un paliativo, porque lo que no debe ocurrir es que estas muertes sean en vano, este tipo de situaciones no se puede volver a repetir y sobretodo no debemos permitir que el Perú ilegal intervenga, porque lo que pudo ser una protesta saludable y democrática termine en violentistas y más aún, como se ha demostrado, en un violentismo financiado por el lado oscuro", dijo.

El Ejecutivo decretó estado de emergencia nacional por 30 días en territorio nacional cuando las protestas se fueron multiplicando por todo el país, lo que aumentó la presencia de las fuerzas del orden en las calles, y según diversas organizaciones de derechos humanos, hubo exceso de fuerza y represión por parte de estas.

Las marchas arrancaron después de que el 7 de diciembre el exmandatario Castillo intentara dar un golpe de Estado que finalmente no resultó, lo que provocó su destitución por parte del Congreso y su posterior arresto.

Entonces, la hasta el momento vicepresidenta Boluarte asumió el cargo de jefa de Estado, hecho que hizo salir a la calle a miles de peruanos.