La organización Médicos por los Derechos Humanos de Israel denunció graves abusos y torturas a palestinos presos en cárceles israelíes, como palizas y agresiones sexuales en zonas sin cámaras de seguridad, y exigió a las autoridades garantizar el cumplimiento de las leyes.
"Hemos recibido numerosos informes (...) sobre grave violencia por parte de los guardias del Servicio Penitenciario de Israel (IPS) contra los palestinos detenidos y encarcelados en sus instalaciones del distrito sur", indica una carta enviada por la ONG a Yehezkel Markovich, comisionado de este distrito.
La misiva detalla la forma en que los uniformados perpetraron agresiones, acoso sexual, amenazas e intimidaciones contra los palestinos, especialmente en las cárceles de Ketziot, Nafha y Ramon.
Estos informes han surgido después de prácticamente todas las visitas que los abogados de la ONG han realizado a las prisiones, lo que "sugiere que el abuso contra palestinos por parte del personal penitenciario es continuo y sistemático, y no aislado o excepcional", indica Médicos por los Derechos Humanos de Israel (PHR-I por sus siglas en inglés).
Según los reportes, la mayoría de las agresiones ocurren fuera de las celdas, en lugares como el camino rumbo a la clínica médica, a las visitas del abogado, a una audiencia en el tribunal, o durante un traslado, donde "los guardias penitenciarios suelen elegir zonas sin cámaras".
Uno de los testimonios de los presos -todos anónimos ante el miedo a sufrir represalias- relata cómo los guardias le hicieron caminar esposado de muñecas y tobillos para luego empujarlo por unas escaleras metálicas.
"Luego procedieron a golpearlo hasta perder el conocimiento. Al despertar se encontró en una nueva unidad penitenciaria sin haber sido examinado por personal médico", indicó el abogado que le entrevistó.
Otros presos aseguraron haber sido atacados por perros guardianes, golpeados con porras y pisoteados. También se les impide ir al baño durante días, los golpean cuando les permiten ir, e incluso vierten botellas con orina sobre sus cabezas.
Uno de los presos, cuando terminó de usar el retrete, pidió agua y papel higiénico a los guardias, "pero le dijeron que era un animal y que los animales no se limpian. Luego lo obligaron a regresar desnudo a su celda, donde los guardias lo tocaron y acosaron sexualmente, incluso intentando introducir objetos en su ano", detalla el informe.
Además, los prisioneros evitan pedir atención médica o reuniones con los abogados, porque saben que eso significa recibir una paliza.
Uno de los letrados vio a un preso llegar con los ojos vendados y las piernas inmovilizadas: "Parecía muy asustado y dudaba en compartir cualquier información sobre su condición, hablando en susurros para evitar ser escuchado por los guardias".
Estas son claras violaciones al Derecho israelí e internacional, así como a las propias directivas del servicio penitenciario, recalcó PHR-I, al precisar que "los guardias actúan ilegalmente y participan en actos vengativos, violentos, humillantes y degradantes".
La denuncia ocurre después de que el Tribunal Supremo de Israel recibiera una petición exigiendo el cierre del centro de detención Sde Teiman, ubicado en el sureño desierto del Néguev, por denuncias sobre abusos, torturas y asesinatos de palestinos.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se negó a cerrarlo pero alega que debe destinarse solo a "detenciones a corto plazo".
La decisión del primer ministro va en contra de la voluntad de su ministro de Seguridad Nacional, el extremista antiárabe Itamar Ben Gvir, quien no solo rehúsa cerrar el centro de detención, sino que aboga por empeorar las condiciones de los reclusos e incluso aplicarles la pena de muerte.
"Uno de los principales objetivos que me he fijado es empeorar las condiciones de los terroristas en las cárceles", dijo el ultraderechista la semana pasada.
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En diciembre, el Defensor del Pueblo de Israel visitó algunas instalaciones penitenciarias donde, junto a centros improvisados y bases militares, Israel mantiene retenidos a más de nueve palestinos desde octubre.
Su oficina documentó hacinamiento e insalubridad y recomendó reducir los arrestos, muchos por sospechas de terrorismo, pero sin una acusación clara o juicio.
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