EL MONOPOLIO LEGÍTIMO DE LA FUERZA
En junio de 1919, el sociólogo alemán Max Weber escribió su libro El político y el científico. En él, distingue al Estado como “la institución que posee el monopolio de la violencia legítima”, o lo que en otras palabras se conoce como la fuerza pública. ¿Y qué es lo que le da al Estado la legitimidad para usar la fuerza? Pues que sea el último recurso y que se utilice exclusivamente de la manera que establece la ley.
UNA HISTORIA CHIHUAHUENSE
Faltaban unos minutos para que dieran las 10 de la noche el 8 de septiembre de 2020, cuando la madre de familia y agricultora Jessy Silva, originaria del municipio de La Cruz, Chihuahua, viajaba en el asiento del copiloto de una camioneta Ranger de color rojo, junto con su esposo.
Según informó en su momento El Heraldo de Chihuahua, en la carretera Delicias-Meoqui, aparte de la pick-up de la familia, circulaban otros automóviles. Repentinamente, un escuadrón de la Guardia Nacional abrió fuego, impactando las balas en la humanidad de la pareja, asesinando a Jessy en el acto. ¿Se acuerda? Fue por las protestas contra la extracción de agua de la presa La Boquilla.
Los imputados a quienes se les dictó auto de vinculación a proceso en octubre de 2020 fueron: el teniente de infantería José Luis F., el sargento segundo Bernabé L. (señalado como quien disparó su fusil de asalto contra la pareja de agricultores), el cabo conductor Omar A., el cabo Rubén L., la soldado Jaqueline R. y la soldado Nayeli S.
No se han pagado indemnizaciones a la familia; ni se realizaron pagos por concepto de atención hospitalaria de Jaime, esposo de Jessy, quien resultó malherido. Tampoco se dieron pasos en la imputación de los responsables del ataque.
COLMENA PARALIZADA
Regresamos al presente. Regresamos a Guanajuato. Hoy, Ángel Yael Rangel, estudiante de agronomía de la Universidad de Guanajuato fue velado, pues un agente de la Guardia Nacional lo asesinó el miércoles sin motivo aparente.
La definición de Weber fue hecha trizas por un agente de la Guardia Nacional. No hubo uso legítimo. Hubo abuso. Hubo asesinato por parte de una institución del Estado. Y no es la primera vez. Diecinueve meses después del crimen que arrebató la vida a Jessy Silva Zamarripa, su familia sigue esperando justicia. Su padre murió sin ver resuelto el caso. Y el asesino no fue un fugitivo. Fue un agente federal. Así que no es que el Estado ignorara quién perpetró el terrible abuso.
“Uso desproporcionado de la fuerza”, sentenció el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. “El país se tiene que desmilitarizar”, exigió el rector de la máxima casa de estudios, Luis Felipe Guerrero Agripino, a la Federación.
¿CUÁNDO HABRÁ JUSTICIA?
Si van a tardar 19 meses, en noviembre de 2023 estaremos pidiendo el resarcimiento de los daños a la familia de Ángel Yael. Estudiaba cuarto semestre de agronomía ¿sabe en qué escuela? En la División de Ciencias de la Vida. Qué irónico.
Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador: Ni una palabra dijo ayer en su “Mañanera” sobre este vergonzoso acto. No es un “incidente”. No es un acto aislado. Es el riesgo en el que se está poniendo al país con su militarización en manos de personas inestables, sin capacitación o que de plano no conocen o han decidido no respetar lo protocolos de actuación, como bien lo señaló el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre quien, por cierto, tiene a su cargo la investigación y, estamos seguros, la va sacar de manera impecable porque de eso depende que se haga justicia.
Así que en lugar de andar destapando corcholatas o de recordarnos lo malo que son los neoliberales conservadores, señor Presidente, esmérese por favor en que se haga justicia porque los guanajuatenses no toleramos ni aceptamos este abuso de fuerza.
Esta es una llamada de atención de lo que puede acontecer en otros lugares del país ante la omnipresencia del Ejército (con otro nombre pero bajo el mismo mando) en todo el territorio nacional. O demuéstrenos lo contrario. Es su responsabilidad, como comandante supremo de las fuerzas armadas del país y como responsable de las fuerzas federales.
Queremos saber qué hace la Guardia Nacional, no sólo conocer que llega a todas las localidades. Y tenemos derecho a saber cómo su presencia ha repercutido en disminuir la incidencia delictiva y el poder de la mafia. Porque si los datos no dicen eso, estamos en muy graves problemas.
