Estados retroceden en transparentar finanzas

La transparencia presupuestal de los estados retrocedió este año con respecto a 2022, revela el Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) 2023 del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). Señala que sólo siete entidades alcanzaron una calificación de 100 por ciento en la transparencia de sus presupuestos, cinco menos que el año pasado.

Además, 13 estados mostraron retrocesos en la transparencia de sus recursos asignados en comparación con 2022, entre los que destacan Zacatecas y Sonora, con caídas de 11 y 19 puntos, respectivamente.

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Tlaxcala, Tamaulipas, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Durango, Chihuahua, Chiapas, Campeche, Baja California Sur y la Ciudad de México fueron las otras entidades federativas donde la transparencia presupuestaria retrocedió en el último año.

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Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Imco, dijo a El Sol de México que tras el análisis de estos resultados existe riesgo de que la implementación de transparencia en los estados pueda estancarse o incluso, retroceder, sobre todo tras cambios de gobierno.

“No sólo nos quedamos estancados, sino que detectamos que hay un riesgo de que la implementación de esta transparencia en presupuestos pueda retroceder en aquellos estados que tengan elecciones, y esto es importante porque el siguiente año es electoral y muchas entidades cambiarán de administración”, resaltó.

De acuerdo con el reporte del Imco, siete entidades que tuvieron elecciones locales en 2021 reportaron un retroceso promedio de seis puntos en el BIPE este año.

El Barómetro es un instrumento con el que el Imco evalúa la calidad y el nivel de transparencia de la información presupuestal de los gobiernos estatales desde hace 15 años. En este tiempo, la calificación promedio del BIPE aumentó al pasar de 53 a 93 por ciento, sin embargo, el organismo destacó que en los últimos dos años la transparencia presupuestaria se estancó.

“A partir de 2014 con la implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los estados empiezan a publicar de mejor forma sus presupuestos, pero lo que encontramos en esta última edición es que ya paró la mejora, nos quedamos estancados literalmente en el mismo porcentaje de cumplimiento de la edición anterior”, destacó Guadarrama.

Si bien hubo entidades que mejoraron, esto no fue suficiente para levantar el promedio nacional, además de que el estancamiento se refleja en estados que cayeron de forma importante, dijo el especialista.

De acuerdo con el documento del Imco, en diversos estados persisten malas prácticas como presupuestos sin recursos asignados, ilegibles e inconsistentes, en donde sobresalen los casos de Durango, Morelos y Zacatecas. El Imco advierte que la opacidad en la elaboración y publicación del presupuesto se concentra en información sobre subsidios, fideicomisos y financiamiento a partidos políticos.

OMITEN EN QUÉ SE DESTINA LA DEUDA PÚBLICA

Guadarrama añadió que hay un porcentaje de incumplimiento importante en el desglose de la deuda pública y en el de los tabulados de salarios a servidores públicos. Explicó que la entrada de vigencia de la Ley de Disciplina Financiera ayudó para que los estados publiquen con mayor detalle las condiciones con las que contratan deuda, pero no lo hacen respecto a lo que se destina esta.

“Constitucionalmente, la deuda se debe destinar a inversión productiva, por lo que se tendría que ver un comportamiento similar en el crecimiento de ambas, pero hemos visto que la deuda aumenta y la inversión pública está estancada desde hace seis años”, comentó Guadarrama.

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Además, persisten los presupuestos inconsistentes, ilegibles o fantasmas, ya que una misma oficina o dependencia puede tener hasta tres cifras distintas aprobadas en su gasto, sin definir cuál es la correcta como es el caso de Durango; publican documentos mal escaneados como Zacatecas; o consideran gasto para algún programa sin que se le asignen recursos como sucedió en Morelos.

El Imco recomendó una reforma al marco jurídico que regule la elaboración y publicación de presupuestos para que sea un obligación transparentar esta información de las finanzas subnacionales.