Coinciden en respaldar los derechos de las mujeres

GUANAJUATO, Gto.- La magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, Claudia Ivette Amezcua se pronunció a favor de la iniciativa de reforma por adición a la constitución local del Código de Procedimientos Electorales sobre la suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público, porque se podrá incentivar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en el supuesto de los deudores alimentarios.

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En la mesa de trabajo de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso Local, fueron analizadas tres iniciativas de reforma que buscan suspender los derechos de quienes tengan el carácter de deudores alimentarios o violentadores y pretendan ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público.

La presidenta de la Comisión, Susana Bermúdez Cano instruyó la elaboración en sentido positivo del dictamen.

Al contar con la participación de representantes del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, (TEEG), Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, (IEEG), de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, ((PDHEG), hubo coincidencias en el sentido de los beneficios que se tiene para armonizar la constitución Federal con la Local.

La magistrada del STJE uno de los aspectos importantes es que el derecho de las niñas, niños y adolescentes porque se genera la posibilidad de tener un escenario en el que se incentive el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y se puede lograr eficientar la prestación del servicio público a partir de la cualidad de la persona.

Claudia Ivette Amezcua Rodríguez, en cuanto a los derechos de las mujeres, dijo que la medida pretende erradicar toda construcción social, histórica y estructural que ha impedido que las mujeres ejercen sus derechos de manera libre y plena.

Las tres finalidades anteriores son absolutamente válidas y que han advertido, agregó. “Es idónea, necesaria y abarca la proporcionalidad en sentido estricto”.

Es idónea porque contribuye a generar el escenario que incentiva el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y que trata de erradicar la violencia de manera indirecta y beneficia a los dos sectores de la población que el Estado Mexicano incluso tiene el deber de protección de manera reforzada.

La medida es necesaria, “pero no se desconoce que en el ordenamiento jurídico guanajuatense ya existen otros medios que pretenden erradicar la violencia contra las mujeres y también sancionar a aquellas personas que no cumplen con sus obligaciones alimentarias, pero esos otros mecanismos no se excluyen con la medida que se están presentando, tienden a colaborar y a generar el escenario en que las mujeres puedan vivir de manera tranquila en el ejercicio pleno de los derechos”.

Además, se visibiliza las responsabilidades alimentarias y la visión de redefinición de la distribución equitativa sobre las responsabilidades alimentarias.

Finalmente, la magistrada manifestó que también supera la grada de proporcionalidad. Se beneficiarán a los dos sectores de la población, los derechos de la niñez, de las mujeres frente a la posibilidad sí que tienen algunas personas de acceder a algún servicio público, pero esto dependerá de su conducta.