Existe lentitud en denuncia por violencia política

GUANAJUATO, Gto.- A 140 días de que presentó la denuncia ante la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del IEEG por actos de violencia política en contra de Alejandro Arias Ávila, la legisladora Yulma Rocha Aguilar, afirmó que el proceso va lento, y acusó que hay complicidad del propio Congreso del Estado porque se ponen de acuerdo con la Coordinación de su Grupo Parlamentario para emitir información similar que solicita dicho organismo.

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Aunque no hay avances en la resolución por parte de las autoridades electorales, la diputada local descartó renunciar a su Instituto Político, a pesar de que tiene invitaciones de otros Partidos para irse con ellos, negó que tenga contemplado irse a Movimiento Ciudadano, Partido Verde o Morena.

Recordó que el conflicto con su coordinador fue porque en el mes de noviembre ella votó en contra de la minuta que envió la Cámara de Diputados por el cual se ampliaba la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública para que permanecieran en las calles del país.

Afirmó que ella recibió una instrucción del coordinador Parlamentario para avalar dicha Minuta “y mi voto fue contrario, fue una decisión propia, personal porque no creo que la solución para los problemas de seguridad pública que tiene el país sea contar con mayor presencia de las fuerzas armadas, como no ha ocurrido”.

La diputada local apuntó que, a raíz de ello, fue castigada por Alejandro Arias Ávila y le retiraron los apoyos de la partida 3851, relacionados con Gastos de Operación y que mensualmente le representaban 25 mil pesos, que ella los utilizaba para sus actividades legislativas y de gestión, especialmente para el pago de la gasolina. Desde octubre ya no recibió los recursos.

“Al retirarme los apoyos económicos y administrativos, mi coordinador busca afectar mi desempeño legislativo y de gestión social con la ciudadanía”, recalcó.

Rocha Aguilar enfatizó que esta violencia económica es la más frecuente en perjuicio de las mujeres en los procesos de pre campaña y campaña en los partidos políticos, “es decir, les retiran el dinero para que no tengan los recursos suficientes para sus labores de proselitismo”.

“Hay discriminación también con esta violencia hacia mí, porque el propio Coordinador me dijo que no tengo los mismos derechos de los demás compañeros porque no hace lo mismo que ellos”, comentó.

Aunque el desencuentro se dio en el mes de noviembre, fue hasta enero de este año cuando presentó la denuncia. “A partir de entonces me he encontrado con un proceso lento, pausado, tolerante con el agresor y hasta el momento muy poco decidido a visibilizar la violencia que he denunciado”.

Yulma Rocha señaló que Alejandro Arias, ha realizado diversas prácticas dilatorias para proporcionar la información que la autoridad electoral le ha requerido.

Le dan línea

“También me he encontrado con la complacencia, incluso con la complicidad del propio Congreso del Estado, confirmando que la violencia de género también se institucionaliza y esa es la que más difícil de vencer. Yo no solamente me estoy enfrentando al Coordinador del Grupo, también me estoy enfrentando al Congreso del Estado pues lo protege para asegurar los tres votos del PRI para el PAN”.

Enseguida, precisó que después del requerimiento de información que se hizo a distintos grupos parlamentarios, “hubo reuniones de los coordinadores administrativos con el personal institucional del Congreso para que se contestara en el mismo sentido, para que no hubiera contradicciones entre lo que se contestaba”.

Insistió “ha habido respuestas idénticas a preguntas que hacen por un lado a la dirección general de Administración, y por otro, al Grupo Parlamentario (del PRI), y las respuestas son idénticas, lo que quiere decir que se ponen de acuerdo y ni siquiera reparan en redactar de manera distinta las respuestas” y presentó un ejemplo a los medios de comunicación.

En cuanto a la lentitud para conocer la resolución por parte de la Unidad Técnica jurídica y de lo Contencioso Electoral del IEEG, Yulma Rocha refirió que seguramente tiene un alto rezago de asuntos que deben atender y agregó que se supone que se deben dar 98 días para la etapa de sustanciación y ya pasaron 140 y no hay nada, “hay una dilación procesal a pesar de que he presentado todas las pruebas”.

Por ello, manifestó que recientemente ingresó una iniciativa para separar en dos partes esta instancia adscrita al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a fin de agilizar los procesos de las quejas por violencia política de género que reciben por parte de las mujeres, porque hay algunas que ya tienen hasta dos años.

Finalmente, lamentó que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Luis Ernesto Ayala y el secretario general del Poder Legislativo, Cristian Cruz Villegas, no hicieron nada a pesar de que ella se quejó por la violencia política que recibió de su coordinador.