Falta capacitación para practicar abortos seguros en el sector público: Rosales Cruz

La delegada del ISSSTE en Guanajuato, Magdalena Rosales Cruz, aseguró que una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que es anticonstitucional penalizar el aborto, lo que toca en el estado es armonizar la legislación estatal para que esta práctica no sea considerada delito, pero lo más importante: capacitar al personal médico que se dedicará a realizar estas prácticas y que las unidades de salud cuenten con el equipo e instrumentos para que todo se realice con seguridad.

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En entrevista con Organización Editorial Mexicana, dijo que el ofrecer a cualquier persona gestante el derecho a una interrupción del embarazo requiere más que sólo la ley, pues detalló que para eso hay todo un camino que recorrer en el ámbito de la salud a nivel estatal, el cual va desde la implementación de políticas públicas, hasta la actualización del personal médico, así como la existencia de recurso técnico y humano.

La SCJN despenalizó el aborto a nivel federal.

“Se tiene que emplear primero una política pública, la ley está a nivel general nacional, sin embargo, esa ley tiene que ser transformada en una política pública; si no hay políticas públicas simplemente la ley está guardada”, destacó.

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Además, Magdalena Rosales Cruz refirió que la ley federal entraría en controversia con la ley estatal de Guanajuato y aunque los médicos estarían obligados a prestar este servicio a quien lo requiera, se generaría una discusión entre los que por conciencia lo harían o no lo harían, además de que los hospitales públicos tendrían que tener a personal que sí lo realicen.

“En hechos aún no se está listo, en derecho se puede decir que podríamos hacerlo, en el estado entraríamos en una controversia, pero tendríamos que prepararnos para atender a las mujeres”.

El pasado miércoles fueron declarados inconstitucionales los artículos del código penal federal que penalizan el aborto, tanto a quien lo solicita como a quien lo realiza, sin embargo, en el estado de Guanajuato, existe una controversia en la misma ley que salvo por algunos casos específicos, sigue penalizando la interrupción del embarazo.