Los obispos de la Iglesia Católica de México aseguraron que la reforma constitucional en materia electoral y que será analizada por la Cámara de Diputados “es claramente regresiva” y que la propuesta para desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) “constituye un agravio a la vida democrática del país”, pues consideraron se perdería la autonomía ciudadana y la imparcialidad.
A través de un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano defendieron la labor que realiza el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues señalaron que se trata de una institución ciudadana que ha madurado, gracias a su autonomía de los poderes políticos y por la estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos, pues en los últimos 25 años se han dado elecciones confiables para la renovación de cargos públicos. argos de elección popular.
“Desde su fundación, el principal fruto fue que el gobierno dejó de ser juez y parte en los comicios electorales y comenzó la transición a la democracia con alternancia en las tareas de gobierno a nivel local y federal, dando paso a gobiernos de distintas opciones políticas, ya sea en los Congresos de los Estados, en las gubernaturas y municipios de los mismos, junto a la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal y el Congreso Legislativo en su conjunto”, señalaron los obispos del país.
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Defendieron que el INE goza de la aceptación ciudadana, pero también del reconocimiento internacional, pues incluso muchos países lo han tomado como ejemplo a seguir, por lo que su eventual desaparición sería un agravio a la democracia, por la que tanto se ha peleado.
“Expresamos nuestra franca preocupación (…) por el impulso que se da a una reforma constitucional en materia electoral, por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que, por su orientación y motivos, es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”.
Por ello, hicieron un llamado a las legisladoras y legisladores federales para que que hagan una defensa de las instituciones y “no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país”.
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