GUANAJUATO, Gto. En lo que va del presente año, en el estado de Guanajuato suman 62 menores de edad víctimas de homicidio, denunciaron integrantes de Asociaciones u organizaciones de la sociedad civil.
Durante el performance que realizaron a las afueras de la Fiscalía General del estado (FGE), sitio donde se colocaron zapatos de color rojo en memoria de las víctimas mortales; el grupo de hombres y mujeres dieron a conocer los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde reporta el número de víctimas mortales, tras lamentables hechos.
De igual forma condenaron los hechos registrados en la comunidad de Barrón en el municipio de Salamanca, evento que se suma a la larga lista de eventos de alto impacto registrados en el estado de Guanajuato.
Además, cuestionaron el actuar de las autoridades, ya que aseguran no cuentan con una estrategia de seguridad que garantice la tranquilidad de los Guanajuatenses además de que aseguran no hay garantías ante la reparable perdida de un ser querido.
En ese sentido, mencionaron que la atención de cada una de las muertes, no corresponde a un tema de recursos económicos, sino a las garantías de sentirse seguros al salir de los hogares.
Por lo anterior, recriminaron las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado y el presidente municipal de Salamanca, Julio Cesar Prieto Gallardo, al mencionar que “no son suficientes, ninguna cantidad de dinero o apoyo podrá remplazar la vida de las víctimas, denunciamos la ineficiencia de los gobiernos federales, estatales y municipales para garantizar una vida segura”.
“Exigimos acciones reales por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado con la finalidad de generar acciones concretas, que asuman la urgencia y gravedad, de los altos índices de violencia en el estado de Guanajuato”, añadió.
Los integrantes de las Asociaciones civiles enlistaron una serie de peticiones urgentes a las autoridades que tiene que ver con el freno a la violencia, garantizar la justicia, la reparación del daño, así como la no repetición de hechos.
Aunado a ello, exigieron que los gobierno tanto estatal, federal como municipal implementan políticas públicas con perspectiva y reconocimiento de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
