La Procuraduría General de la República (PGR) señala que de no haber optado por el procedimiento abreviado en el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, “hubiera salido libre y en este momento estaría vacacionando en Miami”, porque un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de que cualquier solicitud de información financiera debe ser autorizada por un juez, hubiera tirado las pruebas de la PGR.
Así defendió el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Financieros, Felipe Muñoz Vázquez, el accionar de la PGR en el caso Duarte, aduciendo que pese a la sentencia de nueve años, actualmente hay 80 denuncias por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), relacionadas con el caso Veracruz.
“Hay cerca de 30 carpetas de investigación que no se han consignado, ya que existe el temor de que las pruebas puedan ser calificadas como ilegales, pues se obtuvieron antes de que la Corte estableciera dicho criterio”, señaló.
En defensa del caso que armó la PGR, el subprocurador reprochó el “hipergarantismo” de los jueces, quienes están aplicando de forma retroactiva el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a que cualquier solicitud de información financiera debe ser autorizada por un juez, lo que está generando impunidad.
Ante esta situación, -dijo en charla con medios de comunicación- están a la espera de que el Alto Tribunal defina su criterio para poder judicializar las carpetas, y cumplimentar 12 órdenes de aprehensión pendientes contra ex funcionarios de la administración de Duarte de Ochoa por el delito de peculado, entre los que se encuentra Moisés Mansur, y Karime Macias esposa de Duarte de Ochoa.
El funcionario federal reprocho que tras la salida de Arely Gómez como titular de la PGR, “encontramos una averiguación previa mal integrada, en la que se imputaban delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el tema de las parcelas”.
En el tema económico, Muñoz Vázquez, sostuvo que de las 42 propiedades que el j8uez ordenó confiscar al exmandatario veracruzano, hasta el momento se ha logrado recuperar mil 376 millones de pesos, “y vamos por más, porque la investigación aún sigue abierta”.
Respecto al caso de Karime Macías, Felipe Muñoz comentó que al momento solo existe una denuncia por defraudación fiscal; no obstante, a la fecha la Secretaría de Hacienda no ha interpuesto la querella correspondiente.
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