KABUL. El retroceso de los derechos humanos en Afganistán, sobre todo los de las mujeres que han quedado prácticamente borradas de la vida pública, son claros un año después de que los talibanes se hicieran con el control del país tras dos décadas de guerra, a pesar de las continuas promesas de cambio.
Desde su llegada al poder el 15 de agosto de 2021, los fundamentalistas han privado a las afganas de derechos sociales y del acceso al trabajo, impedido a las jóvenes acceder a la educación secundaria, amordazado a periodistas y acallado protestas entre las quejas de una comunidad internacional que por el momento no reconoce al Gobierno interino del Talibán.
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La activista Arifa Fatimi, de 26 años y que ha participado en las esporádicas manifestaciones de afganas en Kabul, denunció que todas las decisiones tomadas por los talibanes con respecto a las mujeres “cumplen un patrón de hacerlas invisibles en la sociedad”.
Fatimi añadió a la lista de crecientes restricciones, promovidas por el todopoderoso Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, la imposición del burka u otras vestimentas similares que cubran por completo el rostro o el veto a las mujeres a que viajen sin acompañante masculino en trayectos largos.
Fatimi lamentó que los avances alcanzados para las mujeres en las últimas dos décadas en el país asiático, tras la invasión estadounidense en 2001, se hayan perdido “con el colapso del Gobierno anterior” de Ashraf Ghani.
Organizaciones proderechos como Amnistía Internacional (AI) han denunciado la “mano dura asfixiante” de los talibanes desde la caída de Kabul en agosto del año pasado, debido a una rápida ofensiva de los talibanes mientras Estados Unidos retiraba sus tropas del país.
Los fundamentalistas han “diezmado el sistema de protección y apoyo para aquellas que huían de la violencia doméstica, detenido a mujeres y niñas por pequeñas infracciones de normas discriminatorias y contribuido a un aumento en el número de matrimonios infantiles y forzosos”, denunció Amnistía Internacionael en un informe de julio.
CRISIS ECONÓMICA
Afganistán se encuentra sumido en una profunda crisis económica y humanitaria, agravada por la llegada al poder de los talibanes y la congelación de los fondos internacionales para la reconstrucción del país, donde el 59 por ciento de cerca de sus 39 millones de habitantes necesitan asistencia según datos de la ONU.
Una crisis doble que ha impactado a los derechos humanos en Afganistán ante la indiferencia de los talibanes, según afirmó la activista Zulia Parsi, del Movimiento Espontáneo de Mujeres Activistas.
“No tenemos servicios públicos esenciales, la gente y sobre todo las mujeres han perdido sus empleos, las niñas han sido expulsadas de la educación y el apoyo del Gobierno de las ONG ha parado o se ha visto reducido”, lamentó.
Los ataques a la prensa y el cierre de decenas de medios de comunicación han marcado igualmente el primer año en el poder de los fundamentalistas, con detenciones y agresiones a periodistas frecuentemente motivadas por la cobertura de manifestaciones.
Los talibanes prohíben cualquier manifestación que no cuente con su aprobación, y la cobertura de estos temas “muy delicados” no es bien vista por las autoridades fundamentalistas.
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