Familiares de personas desaparecidas, así como madres buscadoras del Colectivo “10 de Octubre” y afectados por el desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara, lograron que el fiscal general del Estado, César Jáuregui, fuera a Parral para escucharlos y exponerle que se ha filtrado información del Ministerio Público a los grupos criminales.
Tras la búsqueda de justicia, medidas de protección y la exigencia de acciones para la localización de personas desaparecidas en la región sur del estado de Chihuahua, madres de familia que pertenecen al Colectivo 10 de Octubre y Nuevo Amanecer, integrado por víctimas de desplazamiento forzado de la Sierra Tarahumara, solicitaron tener un acercamiento directamente con el fiscal general del Estado, César Jauregui, con la finalidad de exponerle las deficiencias de investigación en cada una de sus carpetas integradas.
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Pues, hay al menos 11 expedientes extraviados, otros están incompletos, y debido a la filtración de información empezaron a recibir amenazas por insistir con la realización de rastreos y la exigencia de que se busque a los presuntos responsables.
Las víctimas de los diversos delitos expusieron durante la reunión sobre lo que ellos catalogaron como un “problema estructural”, derivado de la conjunción de corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y la comisión de diversas personas servidores públicos con miembros de la delincuencia organizada en la zona sur del estado de Chihuahua.
En su intervención, agregaron que un grave problema es la filtración de información de las carpetas de investigación de casos de personas desaparecidas, mismo que se detectó en el municipio de Jiménez.
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Se trata de alrededor de diez carpetas de investigación, las cuales fueron trasladadas de la oficina del Ministerio Público del citado municipio a la Fiscalía de Distrito Zona Sur con cabecera en Hidalgo del Parral.
Las familias detectaron que se estaba filtrando información referente a las acciones de búsqueda o rastreos que se efectuaban o se planeaban realizar en alrededor de diez casos, situación que fue visible debido a las amenazas que han recibido las familias afectadas.
El activista y portavoz de personas desaparecidas en Chihuahua, Gabino Gómez, lamentó que existe una clara complicidad de al menos una persona que se encuentra al interior de Fiscalía. “Cómo es posible que los presuntos perpetradores o responsables de desapariciones se den cuenta de las acciones de búsqueda”.
Un caso en particular es el de Karla Loya, quién se encuentra desaparecida desde el 2019 y su carpeta de investigación se encuentra supuestamente extraviada.
Esta situación expuesta por las personas y encabezada por el activista, Gabino Gómez, quien los acompañó durante la reunión, la catalogaron como: “Este caso que hemos revisado es de los más sencillos de resolver, ahí dice quién es el responsable y que extraño, se perdió su expediente”.
Además, señaló que al solicitar las carpetas de investigación para trasladarlas a Parral fueron localizadas “amontonadas, arrumbadas, parecían un rompecabezas, un caos total debido a que ni siquiera se tomaron el tiempo de acomodarlas”.
La impunidad y el olvido en las carpetas de investigación es otro de los agravantes que manifestaron las familias afectadas, debido a que informaron que existen casos en los que no se han presentado avances como el del joven Saúl Everto Rodríguez, quién lleva más de 11 años desaparecido, cuando salió de su hogar en el municipio de Parral en compañía de su amigo Adrián Francisco Amaya Esparza, de quién también se perdió su rastro.
Otro corresponde a Luis Manuel Rojas Estrada quien desapareció cuando era menor de edad, siendo el 12 de noviembre de 2017 a sus 17 años, mientras se encontraba en el parque Hidalgo de la Ciudad de Jiménez en compañía de otros dos jóvenes.
La procuración de justicia para las familias que han sido víctimas de estos delitos ha sido completamente nula, debido manifiestan que las autoridades les han quedado a deber tanto en las acciones para la localización de las víctimas directas, como en los casos en donde, conociendo la verdad de los hechos que originaron la desaparición y de quienes estuvieron involucrados en esto, no han sido aprehendidos para sujetarlos a la acción de la justicia.
“Urge que agarren al “toro por los cuernos” y le hagan frente a la situación sin aventarse la pelotita, se requiere la intervención de todas las autoridades”, refirió Gómez.
Las familias coincidieron en que la desaparición de personas constituye una violación a los derechos humanos, además de afectaciones irreparables a sus familiares al ignorar el paradero de hijos, esposos y hermanos.
También el temor e incertidumbre y el deterioro económico, salud física, mentales se unen a esta problemática. “Estamos enfrentando un problema estructural derivado además de la conjunción de corrupción, impunidad, violencia e inseguridad”.
Con relación a que al menos once expedientes están extraviados, otros están incompletos y se ha filtrado información del Ministerio Público a los grupos criminales, el fiscal de Distrito Zona Sur, Juan Carlos Portillo Coronado, informó que detectaron anomalías en las carpetas de Investigación en el municipio de Jiménez.
Ante ello, añadió que será la Unidad de Control Interno, quienes se encarguen de llevar a cabo la revisión para detectar si el personal de la Fiscalía de Distrito se encuentra inmiscuido.
“Estamos trabajando en una mayor secrecía posible, además de la mano con las familias afectadas, para subsanar los errores que se cometieron durante estas carpetas“.
Actualmente, informó que se encuentran en la etapa de investigación, por lo que pudieran existir varios involucrados en las presuntas acusaciones por las víctimas “hace algunos años que existió este trabajo en las referidas carpetas “.
Aseveró que en caso de detectarse la filtración de información podrían aplicarse las sanciones correspondientes en contra de los involucrados, mismas que van desde sanciones, amonestaciones o destitución de cargos.
En cuanto al expediente de la joven Karla Loya, mismo que se encuentra extraviado, mencionó que esta situación pudo haberse derivado cuando se realizó el cambio de oficina .
Sin embargo, comentó que la carpeta de investigación se encuentra armada en un cien por ciento debido a las diligencias por parte del Ministerio Público a través del sistema “Justicia net”, el cual es la base de datos, por lo que únicamente es necesario vaciar la información e imprimirla nuevamente.
“Contamos con la carpeta debido a que los datos se quedan plasmados en el sistema, lo cual nos permite el acceso a la información recabada en este caso de desaparición”.
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Dentro de la reunión, también se contó con la intervención del colectivo Nuevo Amanecer, integrado por familias que han sido desplazadas de la Sierra, en donde se abordaron varios testimonios.
Uno de ellos es el de una mujer, quien con su voz entrecortada y con lágrimas expresó: “a lo mejor esta es la última vez que estoy aquí con mi lucha debido a que estoy amenazada de muerte “.
Narró que en compañía de su familia fue desplazada del ejido Nopal, del municipio de Guadalupe y Calvo, en diciembre de 2016, siendo durante estos años en los que ha sido amenazada en diversas ocasiones.
“Lastimaron a toda mi familia, es por ello que me interesa hablar donde se pueda, debido a que se que me van a matar, yo sólo le pido a mi Dios, un alma humana, que nos pueda ayudar”.
Cada día es más difícil para la mujer y su esposo, debido a que por la falta de vivienda propia, buscan la asistencia con sus familiares que radican en Parral. “Nadie sabe lo que hemos tenido que sufrir, a veces batallamos hasta para poder comer y quien nos tiene amenazados nos ha dicho: tú sabes que no puedes moverle al ejido, conozco cada artículo de la Ley Agraria porque tenemos que quitarle a alguien lo que le pertenece”.
La lucha por recuperar su patrimonio es una situación que enfrentan las víctimas de desplazamiento en la Sierra Tarahumara derivado a la presencia de grupos delictivos, quienes se han apoderado de las tierras y los ejidos.
Resaltaron que hace falta que el Gobierno diseñe planes de atención integral que deriven en resoluciones efectivas de los casos, que garanticen la reconstrucción de los proyectos de vida.
“No pretendemos que el Gobierno nos mantenga, pero sí que enfrente la problemática, nos acompañe y haga accesibles las herramientas para sacar adelante a nuestras familias; porque estamos en una situación donde no pedimos estar, la inseguridad aquí nos colocó”.
Las principales peticiones de las familias fueron el acceso a viviendas dignas creando requisitos más accesibles, programas en materia de salud, empleo y educación.
Esto, derivado a que el Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen, cada vez se reduce más, siendo está situación agravante, ya que no se destinan los recursos para la reparación del daño.
Además, solicitaron un canal de diálogo permanente con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que en años pasados venían brindando un acompañamiento psicosocial y se ha visto pausado.
En su intervención, el Fiscal General expresó que se ha venido trabajando de manera permanente en la búsqueda de personas y agradeció la confianza de las familias de las víctimas de este delito, quienes han puesto su esperanza en la Fiscalía General del Estado.
Señaló que es urgente legislar en materia de desaparición de personas, por lo que ya se trabaja en la construcción de una reforma que se hará llegar al Congreso del Estado, a fin de privilegiar a todas aquellas personas a las que el Estado Mexicano les ha fallado en garantizar su seguridad.
Destacó que es urgente atender de manera integral y personalizada a todas las familias de personas desaparecidas, por lo que en este encuentro se contó con la participación de titulares de áreas de Gobierno del Estado como la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, así como la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi).
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Los testimonios fueron escuchados por el fiscal de Distrito Zona Sur, Juan Carlos Portillo Coronado; de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, Norma Ledezma Ortega; de la fiscal especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, Ada Miriam Aguilera Mercado; del secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Irving Rafael Loera Talamantes, entre otros funcionarios.
Nota publicada en El Sol de Parral
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