/ lunes 22 de abril de 2024

Guerra sucia y propuestas sin contenido, la tónica de las campañas

Para ser considerada la elección más grande de la historia del país, las y los candidatos, a todos los puestos, han quedado a deber en sus campañas al electorado. También han quedado a deber los órganos electorales, que ni a espectadores han llegado, pues con flagrancia hay acciones que rayan en actos que podrían ser sancionados y en cambio hacen mutis, estrategia que se ha visto que no funciona, sólo empeora las cosas.

En menos de 20 días, Guanajuato ha protagonizado por lo menos tres casos de violencia que empaña el proceso electoral. El presunto intento de ataque que sufrió la candidata de Movimiento Ciudadano en Cortazar, Alda Pacheco; el asesinato de la candidata de Morena en Celaya, Gisela Gaytán, y ahora se sumó el caso del candidato a regidor de Morena, Eduardo Ramírez, quien también es asistente personal de la candidata morenista a la alcaldía de Irapuato, Irma Leticia González, a quien a punta de pistola lo despojaron del material que sería usado en el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, además de dos teléfonos celulares; todo quedó grabado en video.

Ha habido una intentona en redes sociales por descalificar este último caso. Hay quienes temerariamente afirman que se trató de un montaje, pero para serlo estuvo bastante bien hecho. Un análisis del video realizado por el reconocido perito Servando Gutiérrez, quien labora para el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, sigla en inglés), da cuenta de que quienes despojaron de las pertenencias al candidato a regidor de Morena cuentan con formación policial, pues ello quedó evidenciado en la forma en que sujetan el arma para perpetrar el hecho: el arma la apuntan para abajo, como marca el protocolo de intervención policial. “Desde ahí hablamos de que por ese simple hecho debería haber una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía General del Estado, pues se utilizó a personal con formación policial para cometer un delito que raya tanto en el fuero común como en el fuero federal, pues podría encuadrar en un presunto delito electoral”, dijo el especialista en un video publicado en sus redes sociales.

El caso no debe quedar impune. Si fue un hecho que implica a alguna persona candidata, que ésta sea sancionada junto con todo su equipo, incluso, con la pérdida de la candidatura; si fue montaje, lo mismo debería suceder con la contraparte, pero debe sentarse un precedente, pues, de lo contrario, estaríamos ante el banderazo de una nueva forma de guerra sucia, en donde se vale usar armas de fuego, en donde se vale robar, en donde se vale amenazar, en donde se vale amedrentar con tal de simplemente ganar. El caso no es menor y no debería quedar como anécdota de una campaña marcada ya como violenta.

Costosa ausencia

La ausencia de Alma Alcaraz Hernández, candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato, le ha costado caro. El sector empresarial guanajuatense no recibió con buenos comentarios que no haya asistido y además haya acusado, sin ofrecer pruebas, de que ese debate estaba presuntamente amañado y era a modo de la candidata de la coalición PAN, PRI y PRD a la gubernatura, Libia Dennise García.

En el búnker morenista las alertas están encendidas. Esta semana, en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena hubo una encerrona para ver de qué manera ayudar a Alma Alcaraz, pues ven que se está esfumando la posibilidad no sólo de no ganar la elección, sino que ven con temor que la derrota podría ser por un porcentaje holgado, en donde el fenómeno Claudia Sheinbaum y el voto de cascada serían insuficientes.

Ni el acompañamiento de Omar García Harfuch, ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, para presentar su plan de seguridad le sirvió a Alma Alcaraz para que se olvidara su ausencia en el debate. Incluso, el mismo empresariado guanajuatense criticó y calificó de incongruente esta propuesta de seguridad de la morenista, pues por un lado les dijo que no se prestaría a su juego de ir a un debate organizado a modo, pero por el otro en dicho plan llama al empresariado a la unión para la construcción de la paz. “¿Somos o no somos?”, dicen en el barrio.

La propuesta falaz de crear más plazas de policías

Varias de las propuestas presentadas por candidatas y candidatos a todos los puestos de elección que se juegan en el estado se han quedado en meras ocurrencias e incluso acciones que difícilmente se podrán cumplir.

Una de ella es la aventurada propuesta de que van a duplicar o triplicar el número de policías. Hay quienes, incluso, dicen que en un año estarían incrementando el número de oficiales. Aquí basta detenerse un poco: ¿qué tipo de policía es el que se va a formar? ¿Preventivo? ¿Vial? ¿De investigación? ¿Que atienda delitos cibernéticos?

Otro punto para considerar es cómo se hará la convocatoria. ¿Abierta? ¿Deben tener algún perfil? ¿Algún grado de estudios? ¿El que llegue?

En un escenario utópico, llegarían 100 aspirantes para ser policía municipal y todos deberán presentar y aprobar sus exámenes de control y confianza. En Guanajuato, el promedio actual es que entre 50 y 60% de los aspirantes no pasan el examen de control y confianza.

De esos 50 que sí lo pasaron, harán su curso básico, pero la experiencia estatal indica que sólo logra graduarse 40% de los que intentaron ser policías. Así, una nueva generación estaría graduando a 20 policías. Hay municipios en donde el curso básico de formación inicial lo están haciendo en sólo tres meses, pero ninguna carrera, incluso ni los estudios en modalidad abierto, tienen una duración de tres meses. ¿Por qué sí para ser policías se requiere sólo de ese tiempo? Así, en un año, un municipio promedio estaría formando en un escenario positivo a 80 policías. Pero la realidad ha mostrado que no es así, por lo cual se trata de una propuesta falaz, pero que a diario se replica por quienes aspiran gobernar.

Que defender la dignidad se haga costumbre

En un país donde la desaparición forzada y la búsqueda de personas se ha convertido en una dolorosa realidad cotidiana, las voces del colectivo Hasta Encontrarte resuenan con una urgencia inquebrantable.

Su participación en la Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria de Personas Desaparecidas es un grito desesperado por justicia y verdad. Sin embargo, su llamado va más allá de la mera exigencia de acción por parte de las autoridades: es un recordatorio contundente de que las vidas perdidas no son moneda de cambio política.

Las palabras de Bibiana Mendoza, vocera de Hasta Encontrarte, encapsulan la frustración y el dolor acumulados durante años de promesas vacías y manipulación política. ¿Cuántas veces más deberán las familias de los desaparecidos soportar el cinismo de aquellos que buscan capitalizar su sufrimiento para obtener réditos políticos? ¿Qué precio pagan las víctimas y sus seres queridos por el oportunismo de los gobernantes?

El reclamo del colectivo Hasta Encontrarte nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad ética y moral de quienes ostentan el poder político. ¿Cuánto vale la vida y la dignidad de las personas desaparecidas y sus familias en el tablero de la política? ¿Cuándo dejarán de ser utilizadas como fichas descartables en un juego de intereses partidistas?

X: @lolo_reportero

Para ser considerada la elección más grande de la historia del país, las y los candidatos, a todos los puestos, han quedado a deber en sus campañas al electorado. También han quedado a deber los órganos electorales, que ni a espectadores han llegado, pues con flagrancia hay acciones que rayan en actos que podrían ser sancionados y en cambio hacen mutis, estrategia que se ha visto que no funciona, sólo empeora las cosas.

En menos de 20 días, Guanajuato ha protagonizado por lo menos tres casos de violencia que empaña el proceso electoral. El presunto intento de ataque que sufrió la candidata de Movimiento Ciudadano en Cortazar, Alda Pacheco; el asesinato de la candidata de Morena en Celaya, Gisela Gaytán, y ahora se sumó el caso del candidato a regidor de Morena, Eduardo Ramírez, quien también es asistente personal de la candidata morenista a la alcaldía de Irapuato, Irma Leticia González, a quien a punta de pistola lo despojaron del material que sería usado en el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, además de dos teléfonos celulares; todo quedó grabado en video.

Ha habido una intentona en redes sociales por descalificar este último caso. Hay quienes temerariamente afirman que se trató de un montaje, pero para serlo estuvo bastante bien hecho. Un análisis del video realizado por el reconocido perito Servando Gutiérrez, quien labora para el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, sigla en inglés), da cuenta de que quienes despojaron de las pertenencias al candidato a regidor de Morena cuentan con formación policial, pues ello quedó evidenciado en la forma en que sujetan el arma para perpetrar el hecho: el arma la apuntan para abajo, como marca el protocolo de intervención policial. “Desde ahí hablamos de que por ese simple hecho debería haber una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía General del Estado, pues se utilizó a personal con formación policial para cometer un delito que raya tanto en el fuero común como en el fuero federal, pues podría encuadrar en un presunto delito electoral”, dijo el especialista en un video publicado en sus redes sociales.

El caso no debe quedar impune. Si fue un hecho que implica a alguna persona candidata, que ésta sea sancionada junto con todo su equipo, incluso, con la pérdida de la candidatura; si fue montaje, lo mismo debería suceder con la contraparte, pero debe sentarse un precedente, pues, de lo contrario, estaríamos ante el banderazo de una nueva forma de guerra sucia, en donde se vale usar armas de fuego, en donde se vale robar, en donde se vale amenazar, en donde se vale amedrentar con tal de simplemente ganar. El caso no es menor y no debería quedar como anécdota de una campaña marcada ya como violenta.

Costosa ausencia

La ausencia de Alma Alcaraz Hernández, candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato, le ha costado caro. El sector empresarial guanajuatense no recibió con buenos comentarios que no haya asistido y además haya acusado, sin ofrecer pruebas, de que ese debate estaba presuntamente amañado y era a modo de la candidata de la coalición PAN, PRI y PRD a la gubernatura, Libia Dennise García.

En el búnker morenista las alertas están encendidas. Esta semana, en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena hubo una encerrona para ver de qué manera ayudar a Alma Alcaraz, pues ven que se está esfumando la posibilidad no sólo de no ganar la elección, sino que ven con temor que la derrota podría ser por un porcentaje holgado, en donde el fenómeno Claudia Sheinbaum y el voto de cascada serían insuficientes.

Ni el acompañamiento de Omar García Harfuch, ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, para presentar su plan de seguridad le sirvió a Alma Alcaraz para que se olvidara su ausencia en el debate. Incluso, el mismo empresariado guanajuatense criticó y calificó de incongruente esta propuesta de seguridad de la morenista, pues por un lado les dijo que no se prestaría a su juego de ir a un debate organizado a modo, pero por el otro en dicho plan llama al empresariado a la unión para la construcción de la paz. “¿Somos o no somos?”, dicen en el barrio.

La propuesta falaz de crear más plazas de policías

Varias de las propuestas presentadas por candidatas y candidatos a todos los puestos de elección que se juegan en el estado se han quedado en meras ocurrencias e incluso acciones que difícilmente se podrán cumplir.

Una de ella es la aventurada propuesta de que van a duplicar o triplicar el número de policías. Hay quienes, incluso, dicen que en un año estarían incrementando el número de oficiales. Aquí basta detenerse un poco: ¿qué tipo de policía es el que se va a formar? ¿Preventivo? ¿Vial? ¿De investigación? ¿Que atienda delitos cibernéticos?

Otro punto para considerar es cómo se hará la convocatoria. ¿Abierta? ¿Deben tener algún perfil? ¿Algún grado de estudios? ¿El que llegue?

En un escenario utópico, llegarían 100 aspirantes para ser policía municipal y todos deberán presentar y aprobar sus exámenes de control y confianza. En Guanajuato, el promedio actual es que entre 50 y 60% de los aspirantes no pasan el examen de control y confianza.

De esos 50 que sí lo pasaron, harán su curso básico, pero la experiencia estatal indica que sólo logra graduarse 40% de los que intentaron ser policías. Así, una nueva generación estaría graduando a 20 policías. Hay municipios en donde el curso básico de formación inicial lo están haciendo en sólo tres meses, pero ninguna carrera, incluso ni los estudios en modalidad abierto, tienen una duración de tres meses. ¿Por qué sí para ser policías se requiere sólo de ese tiempo? Así, en un año, un municipio promedio estaría formando en un escenario positivo a 80 policías. Pero la realidad ha mostrado que no es así, por lo cual se trata de una propuesta falaz, pero que a diario se replica por quienes aspiran gobernar.

Que defender la dignidad se haga costumbre

En un país donde la desaparición forzada y la búsqueda de personas se ha convertido en una dolorosa realidad cotidiana, las voces del colectivo Hasta Encontrarte resuenan con una urgencia inquebrantable.

Su participación en la Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria de Personas Desaparecidas es un grito desesperado por justicia y verdad. Sin embargo, su llamado va más allá de la mera exigencia de acción por parte de las autoridades: es un recordatorio contundente de que las vidas perdidas no son moneda de cambio política.

Las palabras de Bibiana Mendoza, vocera de Hasta Encontrarte, encapsulan la frustración y el dolor acumulados durante años de promesas vacías y manipulación política. ¿Cuántas veces más deberán las familias de los desaparecidos soportar el cinismo de aquellos que buscan capitalizar su sufrimiento para obtener réditos políticos? ¿Qué precio pagan las víctimas y sus seres queridos por el oportunismo de los gobernantes?

El reclamo del colectivo Hasta Encontrarte nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad ética y moral de quienes ostentan el poder político. ¿Cuánto vale la vida y la dignidad de las personas desaparecidas y sus familias en el tablero de la política? ¿Cuándo dejarán de ser utilizadas como fichas descartables en un juego de intereses partidistas?

X: @lolo_reportero