Organizaciones civiles, como la Red por los Derechos de la Infancia en México, condenaron y repudiaron el asesinato del niño Juan David, de 11 años, y exigieron a las autoridades la aplicación estricta de la justicia en este caso.
A través de un comunicado conjunto, la Plataforma Política de Mujeres y Organizaciones en Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; el Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, A.C.; la Escuela Pedro Poveda; la Red por los Derechos de la Infancia en México y el Centro de Desarrollo Indígena Loyola señalaron que la muerte de Juan David “escala la violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Guanajuato y llama a las autoridades a actuar para defender el derecho a la vida e integralidad de las infancias”.
Señalaron que este acontecimiento “se suma a la larga lista de hechos de violencia cometidos contra las infancias y adolescencias en Guanajuato, lo que nos coloca en una grave crisis de derechos humanos y violencia generalizada que ha aumentado los contextos de violencia, desapariciones y asesinatos en todo el territorio y que cada día se cobra la vida de más personas, en especial de niñas, niños y adolescentes”.
Señalaron que cada violencia cometida con las infancias y adolescencias deja al descubierto la falta de coordinación y fragmentación de acciones por parte del Estado y sus instituciones, lo que propicia altos niveles de impunidad.
“La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que ellas y ellos tienen el derecho a vivir en condiciones de bienestar y de un sano desarrollo integral; a una vida libre de violencia; y a la integridad personal, derechos que no fueron garantizados para Juan David”, señalaron las organizaciones civiles en el comunicado.
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Además, argumentaron que se han incumplido “las bases de la Ley General como el Interés Superior de la Niñez, la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado. Las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a hacer efectivo este marco sin discriminación por ningún tipo de condición”.
Por ello, las organizaciones civiles exigieron “una verdadera justicia, con todo lo que implica: verdad, justicia, reparación integral, garantía de no repetición y memoria, elementos reconocidos en México a través de la Constitución y la Ley General de Víctimas.
“Que se realice la investigación pertinente y la aplicación de penas correspondientes a las personas responsables.
“Que se atienda el caso bajo los marcos normativos y el reconocimiento de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
“Políticas públicas con enfoque de derechos humanos, que salvaguarden la integridad de la vida de Niñas, Niños y Adolescentes, promoviendo una cultura de reconocimiento de derechos de infancias y adolescencias y una vida libre de violencia y un alto a la impunidad imperante en el país”.
Las organizaciones civiles firmantes señalaron que este hecho “no debe quedar impune, más aún debe ser cuestionado y analizado, ya que nos muestra la violencia generalizada que se vive en el estado de Guanajuato evidenciando que las infancias y adolescencias no están seguras en ningún espacio y entorno, colocándolos en riesgo y violentando la totalidad de sus derechos”.
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