No debe sancionarse a diputados por sentido del voto

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Los votos de los legisladores deben ejercerse de manera libre, democrática, sin estar sujetos a coacción, amenazas, castigo o censura, y se busca proteger la función legislativa, la autonomía y la independencia, afirmó la diputada Yulma Rocha Aguilar, al presentar la iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato para garantizar la inviolabilidad parlamentaria.

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La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictaminación.

De manera libre y democrática deben ser los votos de diputados en sesiones de comisiones y ordinarias del Congreso.

La congresista mencionó que su objetivo es garantizar el libre ejercicio del voto en el Legislativo al establecer que las diputadas y diputados son inviolables, con lo que jamás podrán ser reconvenidos, castigados ni juzgados por el sentido de sus decisiones.

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“El voto parlamentario es tan importante porque representa el vínculo más directo que pudiéramos tener nosotros con la ciudadanía, una ciudadanía que debe percibir coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos”, dijo.

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Agregó que ejercer el poder público a través de la representación popular que conllevan las tareas legislativas, implica una gran responsabilidad, por lo que el desempeño de las personas legisladoras no debe estar condicionado a intereses particulares, sino que en primera instancia debe velar en todo momento por el bienestar social.

“Tiene que prevalecer el bien general sobre los intereses individuales. Esto es así porque nuestras labores legislativas implican el debate y la toma de decisiones importantes que marcan las agendas públicas y repercuten en la vida de la sociedad, tanto de los sectores que nos dieron su confianza para representarlos por medio de sus votos, como de quienes se inclinaron por otras opciones”, afirmó.

La legisladora especificó que la propuesta incluye dar a la Presidencia del Congreso y a la Junta de Gobierno y Coordinación Política la responsabilidad de velar por el respeto al libre ejercicio de opinión y voto.