Los ocho militares acusados de estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa abandonaron la madrugada de este miércoles la prisión castrense del Campo Militar Número 1 para continuar su proceso en libertad condicional.
El sábado, una jueza federal con sede en Toluca, Estado de México, concedió libertad provisional a estos ocho elementos del Ejército Mexicano y determinó que dichos militares continúen su juicio en libertad a cambio de una fianza de 50 mil pesos, de la firma periódica de los procesados y de entregar sus pasaportes.
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El abogado de los militares Alejandro Robledo Carretero, confirmó la salida de la prisión de dichos elementos castrenses y señaló que también cubrieron la fianza fijada por la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo.
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Otras medidas cautelares que se les impuso a los ocho efectivos de la Sedena son la presentación periódica los días 1 y 16 de cada mes, la entrega de sus pasaportes, la prohibición de salir del país, así como la prohibición de acercarse al lugar de los hechos, específicamente el estado de Guerrero.
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Los militares también están impedidos jurídicamente a convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos, siempre que no afecte el derecho de defensa.
Luego de esta resolución de la juez Duarte Cedillo, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció el lunes que presentará “de inmediato” los recursos correspondientes contra esta determinación judicial.
El organismo que encabeza Alejandro Gertz Manero acusó a la jueza de haber concedido “ventajas indebidas” y “desconocer resoluciones que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de las Fuerzas Armadas acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa”.
“Esta conducta procesal, notoriamente injusta, que se repite constantemente en asuntos de trascendencia nacional o de importancia política, es usada por algunos medios de manera parcial y engañosa”, denunció la FGR.
La institución subrayó que los recursos correspondientes que presentará de inmediato son para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas”, y puntualizó que también iniciará acciones que castigan como delito hechos cometidos contra la administración de la justicia, “entorpeciéndola y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen”.
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Ante ello, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) respondió ayer que la FGR no impugnó una resolución judicial que culminó en la liberación de los ocho militares, además de que dicha institución “no aportó pruebas suficientes para mantener la medida de prisión preventiva justificada”.
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