A finales de la década de los ochenta, Bogotá, la ciudad donde nací y me crié, fue víctima de atentados terroristas como nunca habíamos imaginado. El estado inició una guerra sin precedentes contra las mafias del narcotráfico que había prohijado y protegido desde la bonanza de las exportaciones clandestinas de mariguana a finales de los años sesenta. No hubo forma alguna de resistir a la presión de los Estados Unidos y el tratado de extradición para juzgar a los principales capos en ese país detonó el enfrentamiento directo entre mafias que se sabían poderosas y se consideraban intocables, y una clase política que se había enriquecido de forma directa o indirecta con su dinero. Adicionalmente, los dos principales carteles, el de Medellín y el de Cali, se hallaban enfrascados a su vez en una guerra por la supremacía de las rutas de contrabando y territorios al interior del país.
El término narcoterrorismo se acuñó bajo el estallido diario de carros bomba o de paquetes con dinamita que explotaban a las puertas de Drogas La Rebaja, cadena de farmacias del cartel de Cali, o contra estaciones de policía, centros comerciales o cualquier objetivo escogido por uno u otro bando. El terror se complementaba con asesinatos selectivos de candidatos presidenciales, alcaldes, policías, periodistas, diputados, jueces, o secuestros de familiares de altas personalidades. Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez, por ejemplo, narra bajo otros nombres la abducción y muerte de Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay Ayala.
En 1989, por ejemplo, la espiral de atentados y su extensa lista de nombres de víctimas alcanzó cotas que aún no se han visto en México, regida bajo la misma lógica desquiciada y cobarde que gobierna las mafias actuales: un avión comercial de pasajeros con 107 personas a bordo; o el autobús-bomba a la torre del DAS (equivalente a la FGR) con media tonelada de dinamita. En este último el hecho murieron 63 personas entre funcionarios y transeúntes.
El sicario encargado de ejecutar el atentado, secuaz de Pablo Escobar Gaviria, comentó que consideraron el uso de kamikazes que estrellarían avionetas con explosivos contra la torre. El plan se abortó porque no encontraron pilotos con cáncer terminal.
Contra esta misma fría lógica se enfrentan los tres órdenes de gobierno en México. Pueden no llamarlo terrorismo, pero las capacidades económicas y falta de escrúpulos no se detendrán si ven amenazado su “negocio”. Los han prohijado y dejado crecer a proporciones no imaginadas por los carteles colombianos de entonces, se estima que el crimen organizado en México tiene ingresos brutos de más de 600.000 millones de pesos al año. Los atentados de la semana pasada y el asesinato del hijo del alcalde de Celaya son sólo un pálido reflejo de lo que pasa cuando una mafia que se considera intocable se siente amenazada.
Doblegar a las mafias en Colombia costó mucha sangre, sudor y lágrimas. Sin embargo, desde entonces no han vuelto a ser una amenaza real a la estabilidad del país. México, a sabiendas de lo que vendría, debe preguntarse y responder con decisión si desea andar el mismo camino.
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