No son sólo los asesinados, los desmembrados, los desaparecidos. El cáncer de la violencia carcome la célula primordial de nuestra sociedad, la familia. Como atestiguamos esta semana en el caso desgarrador de Juan David Martínez, cuyo maltrato por parte de su padrastro, un policía municipal en activo y expolicía ministerial, era de conocimiento del DIF Municipal desde hace un par de años, y que según su director, Alejandro Jiménez Ramírez, tras la renuencia del uniformado a presentarse a los talleres, lo denunció en su momento ante la Fiscalía.
La carpeta de investigación, como seguramente muchas de las abiertas por Violencia Familiar, 465 en el primer trimestre de 2022, es decir, una cada cuatro horas y cuarenta minutos, quedó archivada para salir hoy a la luz tras la desaparición y presunta muerte del niño. ¿No intervino la Fiscalía por tratarse de uno de sus antiguos elementos, por tratarse de un policía municipal en activo, o por simple desidia? No lo sabemos. ¿Cuántas de esas 465 carpetas de investigación presentadas en este primer trimestre o de las 1.876 presentadas en Irapuato a lo largo de 2021 llegaron a judicializarse?
La Red de derechos de la infancia (REDIM) informaba que el estado de Guanajuato pasó de 918 menores atendidos por casos de violencia en 2020, a 1.221 en 2021. Con ello ocupó el primer lugar nacional, además de ocupar el segundo por los 2.247 menores de 0 a 17 años atendidos en hospitales por violencia familiar. El año pasado, Guanajuato concentró el mayor número de menores víctimas de homicidio, un total de 249. Así mismo, ocupó el primer puesto por homicidios con arma de fuego con 136.
Tras estas cifras oficiales, contundentes e innegables, se ocultan también casos no denunciados hasta que, como pasó con Juan David, terminan en tragedia o reciben los reflectores de los medios de comunicación.
Según los reportes de prensa, el menor se reportó desaparecido desde el 13 de mayo. Su padrastro, policía en activo y presunto asesino, fue detenido una primera vez el 17 del mismo mes por delitos contra la salud, le aseguraron droga entre sus pertenencias, por lo cual estuvo preso hasta el día 23, pues la carpeta abierta en su contra se resolvió sin acción penal. Durante este tiempo, su esposa y los familiares biológicos de Juan David habían realizado las denuncias por desaparición y homicidio, por lo cual fue nuevamente detenido, y por orden judicial permanecerá allí mientras se integra la investigación. En paralelo, el hermano menor de la víctima, Dylan Giovanni, de seis años y testigo del horror vivido en su familia desde que tiene uso de razón, fue reportado desaparecido junto a su madre y encontrado unos días después. Hasta el momento, permanece al cuidado de las autoridades. Su padre biológico, quien reside en otro estado y a instancias del imputado no tenía contacto alguno con su hijo desde hacía cinco años, declaró que reclamaría la custodia.
Mientras autoridades y colectivos civiles se abocan en la búsqueda del cuerpo de Juan David, pues el presunto homicida no ha confesado su crimen ni dado pista alguna de su paradero, son muchas las preguntas que surgen sobre la actitud de la madre y los familiares biológicos, sobre la manera en que toleramos como sociedad la violencia doméstica, sobre el poder desmedido del hombre en la relación de pareja y, nuevamente, sobre la calidad de los elementos de la policía municipal de Irapuato y su capacidad para hacer daño de forma impune.
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