A menos de medio mes nos encontramos para recibir el año 2018, mismo que nos espera con cambios políticos, la mayoría de ellos, avizorados con renuencia, apatía, decepción y quizá, hasta temor.
Por una parte, las elecciones del Presidente de la República, Senadores, y Diputados de la Cámara baja, son una preocupación para los mexicanos interesados en la política de su país, pues luego de tantas fallas en los últimos gobiernos, así como la incredulidad en los candidatos, ya que no hay uno que sea distinto ni en sus propuestas, ni en su reputación, nos ponen en una situación compleja al tener que elegir un representante digno.
De igual relevancia tenemos el tema de la Ley de Seguridad Interior, propuesta por el senador panista Roberto Gil Zuarth, que se encuentra ya próxima a entrar en vigor, pues fue aprobada el pasado viernes 15 de diciembre por la Cámara de Diputados.
Respecto de la famosa militarización del país, un sinnúmero de reacciones se han suscitado, pues se teme que se salga de control la aplicación de la ley en mención y con ello, más violencia se genere. Ese temor no es para nada infundado, pues de ordinario y como lo marca la Constitución Política Federal, en su artículo 129 que, en tiempo de paz –entendiéndose éste como la ausencia de guerras- ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar; y al carecer de delimitaciones específicas en cuanto a las atribuciones, se corre un gran riesgo de que terminemos con guerrillas internas “controladas” por la coercitividad de las fuerzas armadas y la anulación del respeto a los derechos fundamentales que hasta ahora han sido tutelados con vehemencia por organismos internacionales.
La justificación que se ha manejado para la aplicación de esta norma de carácter federal, consiste en diversas tesis jurisprudenciales como la P./J. 37/20006, que contempla el auxilio de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles de seguridad pública, como constitucional, en el caso de situaciones que la autoridad civil enfrente situaciones que ameriten la solicitud de intervención del estado de fuerza del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, sin que por ello se declare un estado de emergencia, o la excepción que de jure afecte la plena vigencia de los derechos humanos de toda la población de una localidad o región determinada. Lo anterior quiere decir que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, pueden actuar acatando órdenes del presidente, con estricto respeto a las garantías individuales, cuando sin llegarse a situaciones que requieran la suspensión de aquéllas, hagan temer, fundadamente, que de no enfrentarse de
inmediato sería inminente caer en condiciones graves que obligarían a decretar esa suspensión de las garantías individuales, como lo marca la tesis P./J. 37/20006 la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No obstante la justificación que se da y la especificación de que la Ley de Seguridad Interior tendrá únicamente un año de aplicación, no se puede tener la certeza de que se le dé una correcta aplicación, además del otro riesgo que implica la declaratoria que indica que aquello podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del presidente, si subsiste la amenaza a la seguridad interior que la motivó.
Sin duda, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto pasará a la historia con la característica de ser uno de los peores que ha sufrido México, y con la vergüenza de tener que implementar una normatividad militarizada, porque se rebasó cualquier capacidad para mantener el orden y la seguridad del país.
Estos seis años de mala experiencia como gobernados debe darnos la pauta para elegir de forma consiente a nuestro próximo represéntate, y de igual manera, vigilar de manera más activa el cumplimiento de las promesas y planes de gobierno prometidos en el inicio de la carrera electoral del siguiente Presidente electo. gallardonoriega@hotmail.com
